El proceso hacia la inconstitucionalidad de la norma, aprobada en 1986 y ratificada en 1989 en otro referendo, comenzó cuando el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, el primer mandatario de izquierdas de la historia del país, excluyó el caso de Sabalsagaray de la Ley de Caducidad y permitió su investigación.

El referéndum sobre la ley, que fue convocado después de que sus detractores reunieran 300.000 firmas para pedir su anulación, cuenta con el apoyo inequívoco del oficialista Frente Amplio, mientras que los partidos opositores se muestran partidarios de mantener la norma tal y como está según informa el diario español El País en su versión on line.

Según encuestas, la anulación de la ley tiene el apoyo del 48% de los uruguayos, mientras que el 34% está a favor de mantenerla y el 18% se declara indeciso.