A pesar de que lo excarceló, el juez federal Carlos Ochoa procesó a Mengo como supuesto organizador de la banda que usaba a indigentes para evadir. En la causa habrían surgido pruebas que lo incriminan.
Ayer, el Juzgado emitió un comunicado de prensa para aclarar cuál es la situación real de Mengo. Los abogados del empresario, Héctor Villegas Ninci y Julio Deheza, habían destacado la excarcelación de su cliente pero, a través de un parte, el juez Carlos Ochoa informó que el empresario está procesado por asociación ilícita fiscal y, además, como el supuesto organizador de la banda que habría tenido asiento en Córdoba y se habría ramificado en el sur provincial.
En la resolución que emitió el Juzgado no sólo puntualiza que existe la sospecha de que Mengo era el jefe sino que, además, le impone una caución de $600 mil para recuperar la libertad durante la marcha del proceso.
En una entrevista con este diario, Mengo había asegurado que nunca tuvo ningún contacto con la abogada María Pía Cardoso, imputada en la causa, ni con ninguno de los demás procesados.
Dijo, además, que la AFIP no le detectó jamás ni un solo peso de deuda. Para defenderse, el empresario, que con sus empresas hacía de intermediario en la compra y venta de cereal, manifestó que es un chivo expiatorio que la Justicia está usando para ocultar a los verdaderos evasores.
Fuentes vinculadas a la causa manifestaron que hay pruebas importantes que involucran a Mengo como supuesto organizador de la asociación ilícita. “Está bien, es cierto, las empresas de Mengo no tienen ninguna determinación de deuda. Pero, según la investigación, él no evadía sino que, con las carpetas de monotributistas que confeccionaba, les permitía evadir a otros. Ese era el negocio”, manifestó una fuente que conoce la investigación.
Agregó que en la causa hay pruebas que incriminarán al empresario con las maniobras. “Cada uno de los involucrados es un engranaje que forma parte del mecanismo que permitía evadir. Cardoso habría cumplido una función y Mengo otra”, indicó la fuente.
Según la investigación, la asociación ilícita fiscal venía funcionando desde 2003 y reclutaba a indigentes, a los que los hacía inscribir como monotributistas y después usaba sus nombres para fraguar ventas de cereales.
Hasta ahora, la Justicia sólo ha logrado determinar la primera cadena de responsabilidades, que llegarían hasta Mengo.
Pero, según indicaron fuentes seguras, el delito terminaría allí, en la asociación conformada por empresarios, financieros, reclutadores de indigentes y abogados.
Por lo que surge hasta ahora, la investigación no avanzaría hacia los exportadores o las grandes empresas vinculadas con el acopio de cereales.
Las claves
Atilio Mengo fue procesado en el marco de la Ley Penal Tributaria, que en su artículo 15, inciso c, señala:
“El que a sabiendas, formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley, será reprimido con prisión de tres años y seis meses a diez años. Si resultare ser jefe u organizador, la pena mínima se elevará a cinco años de prisión”.
El procesamiento a Mengo cita el segundo párrafo del artículo 15, precisamente el que contempla la situación de los jefes.
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