La defensa había reclamado por la prescripción de los delitos que se contemplan en la causa, pero la Cámara Federal no hizo lugar al pedido y continuará el trabajo sobre la causa en Córdoba
De esta manera, los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Sebastián Cornejo y el ex juez federal Miguel Ángel Puga, seguirán siendo investigados por su actuación durante la última dictadura militar, fundamentalmente con hechos vinculados a los crímenes en la UP1 de Córdoba.
Los camaristas, en su resolución, también pidieron al juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, quien tiene a cargo la instrucción de la causa, que el proceso de investigación lo lleve adelante con la “mayor celeridad posible”.
Estos tres ex funcionarios judiciales, junto a otros, fueron mencionados como colaboradores o que al menos no cumplieron con sus funciones durante el juicio por la muerte de 31 presos políticos, ocurridas en 1976, y por el cual el año pasado fueron condenados en Córdoba, entre otros, los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.
Posturas cruzadas
Los abogados defensores de los imputados, José Buteler, Julio Loza, Carlos Lascano Roqué y Ángel Carranza habían planteado la prescripción de la causa, en desacuerdo con la imputación y también por la falta de acción del expediente.
Por su parte, los abogados querellantes, Miguel Ceballos, Miguel Martínez y Hugo Vaca Narvaja se opusieron al pedido de las defensas de los imputados y como contrapartida solicitaron la ampliación del requerimiento fiscal existente para que sean investigadas las conductas de magistrados y funcionarios de la Justicia federal de Córdoba de aquella época.
La denuncia original de los abogados querellantes incluía a los abogados defensores oficiales que se desempeñaban durante el golpe militar: Ricardo Haro, actual conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), y Luis Eduardo Molina, sumado a Carlos Otero Álvarez y Eudoro Vázquez. En un primer momento, Piedrabuena había solicitado la desestimación de la denuncia contra Otero Álvarez, Vázquez, Molina y Haro, pero ahora los letrados han insistido en que se los investigue.
El inicio de la causa surge de manera paralela con las investigaciones por los crímenes de la Unidad Penitenciaria Nº1 de San Martín. Los querellantes consideran que las pruebas que incriminaron a los militares responsables materiales e intelectuales de los crímenes, también incriminan a los miembros del Poder Judicial que no intervinieron para evitar las muertes.
Entre los magistrados que se pide investigar está Luis Molina, quien fuera el abogado defensor designado por la Justicia para trabajar con el riocuartense Raúl Bauducco, fusilado dentro del penal. Luego de su muerte, y según los querellantes, los abogados oficiales no hicieron nada por esclarecer los hechos y se consideró que se trataba de un delincuente que había intentado robar un arma, hecho que fue desmentido por más de 40 testigos.
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