El lote, ubicado en avenida del Trabajador, había sido usurpado a fines del mes pasado. La Cámara de Apelaciones ordenó el apartamiento del juez de la causa y el nombramiento de un subrogante.
De esta manera, se dio lugar al pedido de la querella y de la Provincia respecto a que se realice una investigación de los hechos. “Para la Provincia es una buena noticia por sus consecuencias políticas y sociales”, explicó ayer Gustavo Lucero, asesor de la Secretaría de Seguridad del gobierno neuquino. De hecho, el propio gobernador Jorge Sapag había manifestado que respetaba la independencia de poderes y las decisiones de la Justicia pero que entendía que este hecho era un “delito”.
El Ejecutivo provincial, a través de la Fiscalía de Estado a cargo de Raúl Gaitán, presentó la semana pasada un documento ante la Cámara de Apelaciones donde consideró que la resolución del juez Larumbe “adolece de vicios que importan su invalidez y revocación”.
También se afirmó en el documento que “el Gobierno de la provincia de Neuquén no puede ser indiferente a la generación de precedentes jurisprudenciales que avancen en sentido contrario a los derechos y garantías constitucionalmente protegidos, en el caso el derecho de propiedad”.
En el escrito, la Fiscalía de Estado se postuló como “Amicus curiae”, y aclaró que “resulta legitimado activo para actuar procesalmente en resguardo de los intereses provinciales, de hecho que la Fiscalía de Estado es un órgano de defensa de los intereses del Estado”.
También se sostuvo que “la falta de respeto de la ley sin su penalización genera el ambiente necesario para que tampoco se respeten las convenciones no escritas. Así se deterioran instituciones principales de la sociedad junto con la calidad de su funcionamiento y sus resultados”.
La toma
A fines del mes pasado, unas 30 familias de entre 25 y 30 años tomaron un pedio privado, entre las calles Gotlip, Reconquista y avenida del Trabajador. Adujeron que eran del barrio y que se habían organizado para quedarse con esas tierras antes que vinieran ocupantes de otros sectores de la ciudad.
Los usurpadores, que instalaron carpas en el lugar, indicaron en ese momento que eran trabajadores en condiciones de pagar por esos lotes e incluso que se harían cargo de la instalación de los servicios. También afirmaron estar inscriptos en el registro de postulantes a viviendas.
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