La categórica resolución del Superior Tribunal, da cuenta del hecho de que, sobre los nombrados, no pesa, ni siquiera, orden de detención alguna y sí existen dos sumarios judiciales por "usurpación", en los cuales se hallan imputados algunos de los indígenas, respecto de los que se interpuso el Hábeas Corpus, causas en las que intervino el juez de feria de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Julio Raúl Mauriño.

El 9 de enero, del corriente año, un grupo de indígenas, ingresó al interior de un predio ubicado a la vera de la ruta 86, a la altura del Km. 1.350, que pertenece a la Facultad de Producción y Ambiente, dependiente de la UNaF. De acuerdo con la hipótesis oficial, los ocupantes tenían evidente intención de construir, en el lugar, viviendas precarias, para asentarse y habitar en el sitio.

Efectuada la constatación correspondiente, se notificó a los naturales que debían desocupar el predio, a lo que se negaron, sin embargo, paralizaron las construcciones, por lo que se abrió la intervención del juez Mauriño, resultando que los causantes fueron imputados por usurpación, procediéndose a ordenar la custodia policial en el sitio, a fin de evitar el ingreso de más personas.

El 11 de enero de este año, se presentaron, en el puesto policial, delegados de los ocupantes, manifestando que, por recomendación del INADI, depondrían su actitud y procederían a retirarse, cosa que finalmente hicieron. Pero, en realidad, los naturales, se trasladaron al interior de un campo, ubicado al otro lado de la ruta 86, frente a donde se habrían instalado primeramente, lo que motivó que el ciudadano Cecilio Celías, acreditando la propiedad, radicara una denuncia penal, por ante la Comisaría de Laguna Blanca, instándose, nuevamente, a los indígenas, a abandonar su actitud, cosa a la cual no accedieron, dándose entonces, nuevamente, intervención al Juez de Feria, procediéndose a la apertura de otro sumario judicial por usurpación.

La postura oficial señala que la autoridad policial, en todo momento, actuó conforme a derecho, sin hacerse uso de la fuerza pública y menos aún ejerciendo actos de atropello y violación de los derechos humanos a los que refirieron los intrusos.