Tras un mes de vacaciones, el Poder Judicial vuelve a encontrarse con expedientes ligados al crimen y la política, y con asuntos internos como el cargo vacante en la Corte y el Jury a un fiscal.
La resolución del caso Cadillacs por el recital contratado por la Secretaría de Turismo, los mensajes de texto que le valieron una imputación por amenazas al intendente de Capital, Víctor Fayad; la imprevisible suerte que pueda correr el fiscal de instrucción Fernando Giunta, con un pedido de Jury sobre su cabeza y una investigación pendiente por la sospecha de introducir falsos testigos protegidos en una causa por homicidio, y la pesquisa por contaminación de mercurio contra la firma Keghart SA, que pone bajo la lupa los controles ambientales de éste y otros gobiernos, integran una extensa nómina.
La suerte de Daniel el Rengo Aguilera, jefe de la barrabrava del Tomba, será un capítulo especial, ya que aún permanece prófugo y con pedido de captura, y muy comprometido por un tiroteo en el que resultaron heridas dos personas vinculadas al mundo del hampa.
El caso Bolognesi podría volver a conmover a la comunidad de San Martín si la Sala Penal de la Suprema Corte anulase el juicio oral y público que absolvió a Abdo Girala y Carlos Metralleta Pérez o directamente llegase a cambiar la sentencia.
Mientras, aguarda en semilibertad y con los dientes apretados el padre de Micaela Reina (la niña muerta en una bodega abandonada), recondenado por la Corte a 15 años de prisión por privación ilegítima de la libertad y abandono de persona, lo que derivó en la violación y asesinato de la menor.
Otro que aguarda con expectativa revertir en la Corte su condena es el ex profesor de Educación Física de una escuela privada de Luján, con régimen de prisión domiciliaria, tras ser sentenciado a la cárcel por el abuso sexual contra varios alumnos de 4 y 5 años.
Otro caso que debería tomar vuelo este año y llegar a juicio es el del doble homicidio de los albañiles del Rengo Aguilera, asesinados por la banda del Gato Araya en una casa en construcción en El Carrizal.
Este caso es sólo una ramificación de los desmadres de la banda de Araya, que cayó en pleno el año pasado, quedando destrozada su actividad ilegal de tráfico de drogas y contrabando a Chile y viceversa por montos millonarios, además de su intentona de poner bajo su control el barrio La Gloria, atacando el entorno del jefe de la barrabrava de Godoy Cruz, a quien se lo tiene por el mandamás natural de parte de ese vecindario. Todo lo que tiene que ver con droga y contrabando es investigado por la Justicia federal.
En la mira
Nada peor que tener una causa judicial encima en tiempos electorales. Es lo que le ocurre a Víctor Fayad, acusado por presuntas amenazas mediante mensajes de texto contra Ricardo Montacutto, ex director de un diario digital.
La situación del Viti no sería cómoda, según los investigadores, pero serán los informes técnicos de Telefónica y la visión del fiscal especial Santiago Garay lo que definirá su situación.
En cambio, el caso Cadillacs, que amenazó con provocar un terremoto político en la cúpula del gobierno de Celso Jaque, parece encaminarse a un final sin daños mayores.
En la pesquisa sólo está acusado el secretario de Turismo, Luis Böhm (hijo del ministro de la Suprema Corte Carlos Böhm), y es casi un hecho que ningún otro funcionario de los que participaron en la decisión de pagar con fondos públicos la presentación de la legendaria banda en Andes Talleres será imputado por la fiscalía.
De ser así, quedarían únicamente comprometidos los integrantes de la productora de espectáculos Off Side, que trajo el espectáculo hasta el escenario godoicruceño.
El giro de este caso se debió fundamentalmente al cambio de fiscal. Eduardo Martearena, quien comenzó la pesquisa pero desde 2010 dejó el cargo para desempeñarse como juez de sentencia, tenía una visión totalmente diferente a la de Garay, quien cree que no se incurrió en los delitos que en su momento investigó su antecesor, generando un revuelo inusitado.
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