El monto que destinan los tres poderes del Estado provincial al rubro de personal no es parejo en cuanto a los recursos de los que disponen. La Justicia, que hace pocos días reiteró un reclamo para rediscutir el porcentaje que recibe de la coparticipación federal de impuestos, saca varios cuerpos de ventaja al Ejecutivo y a la Legislatura.

Sobre $483.832.766 en recursos corrientes presupuestados para el ejercicio 2012, el Poder Judicial previó destinar $463.832.766 a salarios. Cuando aún no se acordó ningún incremento salarial para el sector y el gremio exigió un 35%, el gasto de personal representa casi el 89% del total de fondos que se estimó estarán disponibles. Los recursos que se necesitan para terminar la Ciudad judicial, cerca de 90 millones de pesos, los aporta el Ejecutivo provincial por fuera de estas partidas.

Los números de la Legislatura tienen un margen mayor, que incluso en el ejercicio anterior permitieron un excedente que se destinó a la compra de letras del tesoro al Ejecutivo. Para 2012, el Poder Legislativo estimó recursos por $195.535.373, de los cuales $135.859.520 cubrirán los sueldos. La proporción baja al 69%, lo que deja margen para destinar partidas a rubros que, habitualmente, no corresponderían a la Legislatura sino a carteras del Ejecutivo. Pagos de pensiones, compras de suministros y hasta obra pública externa a la Legislatura figuran en las previsiones.

En el Ejecutivo, la disponibilidad de recursos por recaudación propia, coparticipación federal y regalías se fijó para este año en $8.150.918.819. De esa cifra, aproximadamente 5,6 mil millones, según figura en el mensaje que acompañó el proyecto de presupuesto elevado a la Legislatura, servirían para el pago de los suelos de toda la estructura dependiente del Ejecutivo: 41.937 personas (26.158 de planta permanente y 15.779 de planta temporaria y política). El porcentaje, en este caso, empata técnicamente con el de la Legislatura, con un 68%.

Las previsiones presupuestarias no corresponden, en general, con el ejecutado posterior. En los últimos años, la inflación derivó en incrementos de sueldo anuales, con mejores resultados, en el caso de los estatales, para los judiciales y los legislativos. Este año, los únicos acuerdos que aún no se confirmaron fueron los que corresponden a estos dos sectores: los empleados judiciales pidieron un 35%, mientras que en la Legislatura, con años de buen trato con autoridades de Cámara, el gremio ANEL sólo informa –entre marzo y mayo- los resultados de la negociación. En ambos casos, los últimos cuatro años de gestión han derivado en aumentos acumulados superiores al 100% para los judiciales y apenas por debajo para los legislativos.

¿Y los funcionarios?

Las estructuras políticas encontraron, en una fórmula que copia la metodología aplicada por el Poder Judicial desde hace años, una manera de retirar de la escena pública la discusión sobre los sueldos de los funcionarios. Bastó con aplicar un sistema de “enganche” similar al que relaciona los salarios de los empleados más bajos de la Justicia con el de los jueces más encumbrados.

La Legislatura lo hizo primero, a mitad de la anterior gestión, cuando se ató el sueldo básico de los diputados en una cifra siete veces superior a la de un administrativo de la Cámara, llevando el sueldo de los legisladores, sin contar gastos del bloque u otros beneficios, a una cifra cercana a los 25.000 pesos. En noviembre pasado lo hizo el Ejecutivo, modificando la Ley de Ministerios y fijando en un ponderado entre los salarios máximos de dirigentes de distintos sectores –juez, diputado, director de hospital, entre otros- el del propio gobernador y, de manera decreciente, el del resto de la jerarquía. Este sistema permite que, cuando se discuten en paritarias los salarios de los empleados estatales, también se discutan los de los funcionarios, pero sin que nadie hable de eso.