Un conflicto laboral y un sucesorio no resueltos en ámbitos judiciales, más un amparo rechazado tardíamente, derivaron ayer en una escandalosa situación en Santa María, cuando la Policía provincial, respondiendo supuestas órdenes del juez Julio César Acuña, intentó desalojar compulsivamente a la familia compuesta por Nilda del Valle Molina, José Rosendo Vilte y su hijo discapacitado, al que todos conocen como “Tico-Tico”, desde la propiedad que ocupan desde 14 años como cuidadores y que se niegan a abandonar hasta tanto la sucesión les pague sus haberes adeudados, único modo de poder alquilar otra vivienda.

Cuando los oficiales llegaron hasta la propiedad ubicada en Loro Huasi y los intimaron verbalmente que dejen el lugar en forma inmediata, se trabaron en una discusión con Vilte, y a la que se sumaron algunos de los miembros de la sucesión con los que mantienen el conflicto laboral de apellido Núñez y que viven enfrente.

Solo la férrea resistencia de Vilte y Molina impidieron el desalojo, operativo que tuvo su epílogo cuando les exigieron a los policías Cancino y Ayusa que encabezaron el procedimiento, que exhiban la orden de allanamiento firmada por Acuña, cosa que no hicieron y se retiraron

Queja pendiente

La familia Vilte-Molina solicitó un amparo para frenar el desalojo el pasado 15 de julio -como lo informó este diario-. Pero transcurrido casi 40 días, cuando su abogada Nidia Gauthier reclamó por la demora en la resolución que debería haber estado en 48 horas y pidió un pronto despacho, la notifican ese 11 de agosto que Acuña ya había decretado rechazar el amparo.

Ante ese rechazo de la medida cautelar que se pidió, la familia fue en queja a la Cámara del Crimen N° 3, que ya pidió todas las actuaciones según informó la letrada a este diario. No obstante, ese trámite judicial pendiente se avanzó ayer con el desalojo.

Intereses

La familia Vilte-Molina en diálogo con LA UNION comentó los detalles del juicio de sucesión que se inició en el 2000, disputa judicial entre hermanos que los dejó en el medio.

“Son 6 hermanos... a nosotros nos deja en la casa la señora Rosa Núñez, y tengo los papeles firmados por los hijos mayores que viven en Comodoro Rivadavia. Ellos me confiaron todo porque necesitaban caseros, porque la casa de su padres estaba botada y desde hace 14 años casi que estamos acá y ahora ellos quieren que quede para mí”, relata la mujer.

“Pero ellos (los hijos menores encabezados por Ramón Núñez) nos quieren desalojar directamente”, añade Molina, quien advierte que la demanda laboral es de 60 mil pesos.

“Mi marido ha hecho una hermosa finca, antes eran barrancos y ahora está hermoso y nos quieren decir vayanse así nomás”, se queja la mujer.

Y advierte que podría haber un interés de quedarse con la finca de miembros del Poder Judicial santamariano detrás de su desalojo.

“El juez y el fiscal (Marcelo González) quieren desalojarme a mí para que quede para ellos”, acusa.

Abogada reitera denuncia

por discriminación laboral

La abogada santamariana Gabriela Carrizo reiteró su denuncia por discriminación laboral contra la dirección provincial de Inspección Laboral, que conduce Eduardo Tapia, por no permitirle participar en las audiencias de conciliación que ese organismo lleva adelante en la delegación de los Valles Calchaquíes.

La letrada comentó a LA UNION que no recibió respuesta formal a la presentación que hizo ante el organismo por la medida dispuesta supuestamente por el propio Tapia, según consta en un acta rubricada por la delegada de ese organismo en Santa María, Norma Villagrán.

En ese documento público, la funcionaria de Inspección Laboral hace constar que una audiencia por un conflicto laboral que se debía realizar el pasado mes de julio, no se iba a poder realizar mientras Carrizo ejerza la representación de una de las partes.

“Abierto el acto, se hace conocer que no se llevará a cabo la audiencia fijada para el 12 de julio, atento a que la parte denunciada se presenta con el patrocinio de la letrada, doctora María Gabriela Carrizo, quien por dispocisión del director Eduardo Tapia no puede asistir a ninguna audiencia en esta delegación realizada por la suscripta”, señala el acta a la que accedió LA UNION y que es la prueba que presentará Carrizo ante posibles acciones judiciales por impedirle trabajar.