Con el objetivo de hacer más eficiente la Justicia en una provincia donde históricamente el 5% del presupuesto fue destinado al Poder Judicial y que en la actualidad apenas alcanza el 3,9%, autoridades de la justicia reclamaron a sus pares del Ejecutivo y Legislativo que se avance en la llegada de los 31 millones de pesos que viene reclamando ese poder.

El destino de ese dinero es poner en funcionamiento más de 700 vacantes a fin de iniciar la cuarta etapa del Código Procesal Penal en el Este de la provincia y descentralizar los Juzgados de Familia, según indicó a diariouno.com.ar el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde.

El reclamo se hizo durante la primera reunión del año de la mesa de diálogo de los tres poderes. Allí estuvieron presentes por el Ejecutivo el ministro de Gobierno, Mario Adaro y el subsecretario de Justicia de la Provincia, Sebastián Godoy Lemos. Por el Legislativo, la legisladora Gabriela Sánchez, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura y Mariano Godoy Lemos, secretario legislativo. Por el Judicial participaron el procurador general de la Corte, Rodolfo González y el titular de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde.

Durante la reunión también se trató asuntos de la reforma judicial que impulsa el Ejecutivo, como la modificación del Jury de Enjuiciamiento (tribunal de destitución de los jueces), reformas en la el método de concurso y elección de magistrados en el Consejo de la Magistratura y la Junta Electoral, como también la suspensión de la feria judicial y el tratamiento de los ítems de antigüedad.

Ante el reclamo del Poder Judicial, tras el encuentro el ministro de Gobierno se limitó a expresar que "eso lo va a discutir el presidente de la Corte con el gobernador y el ministro de Hacienda".