El aumento de hasta el 250 por ciento en la tarifa del gas domiciliario llegó a la Justicia.

Ayer, la Defensoría del Pueblo de la Provincia presentó en el fuero federal un recurso de amparo contra el Estado nacional, el Ente Regulador del Gas (Enargas) y Ecogas en el que pidió que el tarifazo sea declarado inconstitucional. Ese mismo camino seguiría en las próximas semanas la Defensoría de Río Cuarto, que ya ha acumulado más de 550 reclamos y que pedirá que se suspenda el incremento en la facturación de julio y agosto.

Mario Decara, el ombudsman provincial, no sólo reclamó que se declare la inconstitucionalidad del decreto Nº 2067/08 que estableció las subas. Además, el defensor del Pueblo pidió que se dicte una medida cautelar urgente para que el Enargas habilite la posibilidad del pago parcial. Es decir, que los usuarios que hayan recibido aumentos excesivos puedan abonar sólo la parte de la factura que excluye el cargo del decreto 2067/08. Los clientes pagarían, entonces, el consumo que realizaron y quedaría afuera el último aumento de hasta el 250 por ciento.

Decara hizo también un pedido con respecto a los cedulones que están por emitirse con los consumos de julio y agosto, que se prevén aún más duros para la gente.

"Ordene a Distribuidora de Gas del Centro S.A. que no facture con el cargo tarifario hasta que no se dirima la cuestión de fondo o que discrimine perfectamente en la boleta lo que el usuario no tiene que pagar en virtud de la orden judicial", se lee en la presentación de Decara.

El defensor del Pueblo se presentó en el Juzgado Federal Nº 2 de Córdoba. "Lo que se persigue es la inmediata protección de los derechos colectivos de los usuarios de la provincia que están recibiendo en estos días las facturas por el servicio de gas que significaron, en algunos casos, aumentos del 250%", dijo en un comunicado.

Al igual que en Río Cuarto, la Defensoría de la Provincia les recomendó a los clientes de Ecogas que cuando paguen las facturas lo hagan en disconformidad.

La vía judicial está en análisis en la Defensoría a cargo de Eduardo Mugnaini. Pero como esa institución no tiene personería para presentarse directamente en los Tribunales, la idea de los asesores jurídicos es que se reúnan unos mil reclamos (ya van más de 550) y que los damnificados presenten una demanda conjunta en el Juzgado Federal de Carlos Ochoa.

"La intención es avanzar en un instrumento legal para conseguir en Córdoba lo mismo que pasó en Chubut, donde un juez federal ordenó reimprimir las facturas sin el aumento", manifestó Nelso Doffo, defensor adjunto.

Agregó que la Defensoría apuntará a frenar el aumento que se sentirá aún más fuerte en la próxima factura porque incluirá los meses de mayor consumo de gas.

En Río Cuarto se han presentado casos extremos, como el de una jubilada que cobra 900 pesos por mes pero tiene que pagarle a Ecogas una factura de 700.

Los integrantes de la Defensoría del Pueblo se reunirán en los próximos días con el presidente del Concejo Deliberante, Eduardo Yuni, y con los representantes de los cuatro bloques legislativos. Es el primer paso de la institución para lograr el mayor caudal posible de apoyo en la ciudad.

También ayer, los bloques de la Coalición Cívica y el Frente de la Gente presentaron un proyecto de convocatoria a una audiencia pública para analizar qué herramientas tiene la gente para defenderse del tarifazo. Pero, además, Eduardo Scoppa y Enrique Novo pidieron que el Concejo vote una resolución para pedirles a los defensores del Pueblo de la Nación, la Provincia y Río Cuarto que vayan a la Justicia para frenar las subas desmedidas.

Exigen que se derogue la suba

Diez bloques opositores presentaron un proyecto para que el Congreso derogue las resoluciones y el decreto presidencial que determinó subas de hasta el 250 por ciento en la tarifa del gas.

El proyecto fundamenta que los aumentos son inconstitucionales porque no se convocó previamente a una audiencia pública, tal como entendió la Justicia en función del artículo 42 de la Constitución Nacional. "Son ilegales porque rigen con retroactividad cuando el consumo había sido realizado en el bimestre anterior. A esto hay que agregar que el decreto 2067/08, que dispuso los aumentos del gas natural lo denominan cargo tarifario, que no está vinculado con los costos que componen la tarifa sino con las necesidades de importación, configurando claramente un impuesto y, como tal, debe ser discutido en el Congreso", dice el proyecto que presentó la oposición.

El aumento pega fuerte en la región

Los usuarios de gas natural de numerosas localidades de la región también recibieron abultadas facturas por el servicio, situación que derivó en reclamos que -en estos casos- se canalizaron a través de municipios u organismos subdistribuidores.

En el caso de Coronel Moldes los más de 1.800 usuarios deben afrontar pagos de facturas con un incremento del orden del 200 al 500%. Ante las quejas, el intendente municipal, Jorge Costanzo, remitió ayer notas al Enargas y al defensor del Pueblo de la Nación. Al Ente Nacional la solicitud que parte de esta ciudad es que se revea el aumento que se aplicó, por entender que es excesivo. "Nosotros lo que planteamos es que el servicio necesita de una actualización, pero no en la forma en que se aplicó ahora. Lo que sugerimos es que se haga en forma más escalonada", señaló Costanzo.

En cuanto a la nota girada al defensor del Pueblo de la Nación también apunta a hacer conocer lo que ocurre con el servicio en esta ciudad, pero además expresarle su solidaridad e instarlo a continuar con las acciones que crea pertinente para parar el tarifazo. Una situación que se reitera en varias comunidades es el hecho de que un usuario no tiene la posibilidad de pagar "bajo protesta" por cuanto no existen en éstas organismos representantes de Ecogas o Enargas, sino que el vecino abona la boleta en bancos o en rapipagos. Es el caso de Ucacha donde los habitantes reclaman poder disponer de formularios donde expresar su queja ante el aumento del servicio del gas.