La dificultad que tienen los ciudadanos para acceder a la Justicia es uno de problemas planteados en el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Mendoza, que presentó la organización Xumek.
El informe, que se presentó hoy en la Legislatura, está dividido en varios capítulos: Derechos humanos y garantías del ciudadano, Perspectiva Bianual de sectores específicos, donde se incluye el tema de la discriminación y una tercera que es una Crónica Policial.
El presidente de Xumek, Lucas Lecour.
El presidente de la Asociación para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Xumek), Lucas Lecour, presentó el informe junto a Sergio Salinas, Eduardo Toledo y al periodista Rodrigo Sepúlveda, quien mostró una parte del documental Gatillo Fácil.
Lecour dijo que en materia de derechos humanos se avanzó en algunos aspectos, pero que en otros hubo un retroceso, como en seguridad, penitenciaría y en la no adhesión del protocolo para el aborto no punible.
El presidente de la entidad resaltó que el derecho penal no resuelve los conflictos sociales, sino que estos se solucionan con políticas públicas.
El trabajo fue dedicado a la memoria de María Isabel Figueroa De Marinis, una inclaudicable luchado por los derechos humanos.
Sin justicia
Una de las problemáticas que marca el informe es el acceso a la justicia, lo que se relaciona con la falta de recursos humanos y materiales.
En el texto se destaca la grave situación de las defensorías oficiales, sobre todo por la ausencia de autoridad, que defienda el sistema y brinde lineamientos claros a sus integrantes.
El informe se dedicó a la memoria de María Isabel Figueroa de De Marinis
En este sentido se destaca que tanto las funciones de defensa como de acusación dependen de una misma persona, el procurador general de la Corte, que en este momento es Rodolfo González.
En el informe se asegura que los defensores públicos están en un “abandono absoluto”, ya que son pocas las directivas que les brinda el procurador, siendo la mayoría destinadas a restringir sus funciones, según se explica en el texto.
Otros de los aspectos que se analizan en relación a la justicia, es la tarea de las oficinas fiscales que funcionan en el Gran Mendoza y Lavalle. Según el informe hay gran cantidad de denuncias que no son atendidas, demoras y, en algunos casos, comportamientos misóginos de los empleados.
El trabajo destaca que en 2011 ingresaron en las oficinas fiscales un promedio de 260 denuncias por días, lo que hace un total de 96 mil. Este cúmulo se debe atender en lugares donde existe, según el informe, carencia de empleados, de protocolos de actuación y donde se revictimiza a las víctimas.
Los inconvenientes del sistema penitenciarios, uno de los tópicos del trabajo.
También se destaca la falta de personal de las 16 oficinas fiscales, ya que según el informe, desde el 2008 no hubo una variación significativa en el número de profesionales que atienden a los ciudadanos.
“Cabe recordar que la contención de la víctima es una obligación primordial de la autoridad policial y judicial”, dice un párrafo del informe.
En el escrito también se pide que el Poder Judicial abra nuevos centros de acceso a la justicia en todos los departamentos, ya que hoy funciona uno en el barrio Cippolleti, de La Favorita.
El sistema penitenciario
El informe también destaca las falencias del sistema penitenciario, en especial la falta de personal calificado, las prácticas violentas y humillantes y que el derecho a la educación de los internos se maneje como un premio-castigo
Como positivo, se destaca la aprobación de la ley, por la cual se designará a un procurador de las personas privadas de la libertar.
Los integrantes de la organización entregarán el informe al Gobierno.
Otro de los aspectos que se analizó fue la política en materia de seguridad, concluyendo que en el último año hubo “una incapacidad del aparato institucional para diseñar y gestionar políticas públicas”, en la temática.
El trabajo también fustigó la llamada “Ley Petri”, que limita las salidas transitorias de los internos y la describió como una norma inconstitucional.
“La delegación de la seguridad en la institucionalidad policial y el debilitamiento de las garantías constitucionales son ejes recurrentes de estas engañosas políticas de mano dura”, se dice el escrito.
Aborto no punible
El trabajo también resalta la falta de decisión del Gobierno provincial para adherir al protocolo del aborto no punible, lo que considera como una “grave falencia” y como la desprotección de los derechos de la mujer.
El presidente de la organización, Lucas Lecour, aseguró que la falta de adhesión al protocolo “roza una instigación a cometer un delito, que es el no cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema”.
Lecour señaló que no se puede discutir la inconstitucionalidad del protocolo, cuando el mayor intérprete de la Constitución, que es la Corte Suprema de Justicia, está ordenando a las provincias que cuenten con esta herramienta.
O tiene efectos individuales, pero, hasta por una cuestión de economía procesal, no tiene sentido que cada uno siga los mismos pasos, cuando hay un precedente fijado y no podemos ir en contra del precedente”, dijo el abogado.
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