La Fiscalía de Estado de la provincia de Entre Ríos le ordenó a la policía provincial que desaloje "en forma inmediata" al ex senador Mario Yedro de un campo que le había sido decomisado por la justicia.
A pesar de existir varias órdenes de la jueza de Instrucción de Rosario del Tala, Virginia Ríos, para que Yedro sacara todas sus pertenencias y los animales del campo, el ex legislador presentó diferentes recursos que fueron dilatando la entrega del predio al Estado.
En los últimos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el fallo de la Justicia de Entre Ríos que condenó en 2005 a Yedro a una pena de 3 años de prisión en forma condicional, una multa de 90.000 pesos, inhabilitación por el término de 10 años para ejercer cargos públicos y el decomiso del campo situado en el departamento Tala.
El campo fue valuado en el año 2005 en siete millones y medio de dólares y alberga actualmente un total de 1.189 cabezas de ganado.
El campo de Raíces Norte fue incorporado al patrimonio del ex legislador justicialista a través de la sociedad Delrubio & Hunmendi, de la que participaba junto a su ex esposa, Silvia Torres, y sus hijas.
Cuando el campo le fue decomisado, Yedro pidió lisa y llanamente la devolución argumentando que la decisión judicial era ilegítima porque la condena por enriquecimiento ilícito había recaído sobre él, por entonces socio gerente de Delrubio y Hunmendi SRL, y no sobre la sociedad propietaria del campo, lo que convirtió a sus socios en “terceros no responsables”.
La sociedad está integrada, además de Yedro, por sus hijas, Fátima, Luciana y Lara, quienes se integraron al capital accionario en 2003, tras la separación del ex legislador de su esposa.
Yedro fue concejal justicialista de Concordia al inicio de la democracia, y luego senador provincial durante los períodos 1987-91, y 1996-99, durante las dos primeras gestiones del gobernador Jorge Busti (Peronismo Federal).
En el juicio que concluyó con la condena del ex senador provincial, se demostró que Yedro, tras asumir como senador en 1995 incrementó apreciablemente su patrimonio y el de su conyugue en la suma de 1.000.000 de pesos-dólares, cuando su capacidad de ahorro no pudo ser mayor a los 109 mil pesos.
A pesar de que pasaron seis años desde la condena, Yedro sigue resistiéndose a entregar el campo al Estado provincial, por lo que el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, le ordenó a la policía el inmediato desalojo del ex legislador, a quien acusó de mantener "una actitud renuente a cumplir con una sentencia judicial".
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