El acercamiento entre los ambientalistas y las mineras que aún intentan operar en la provincia es cada vez más una ilusión imposible de alcanzar. Mientras, en el Ejecutivo miran con desconsuelo los miles de puestos de trabajo que se perdieron en los últimos años, pero también los alicaídos ingresos de la provincia, que podrían mejorar si se les permite a estas empresas operar bajo estrictos controles ambientales y con mayores exigencias en relación con lo tributario.

En este sentido, ayer se conoció un fallo que para muchos especialistas será ejemplificador porque frenó la actividad de Depromin SA, una minera que operaba en Villavicencio sin haber pagado una especie de fianza, pero, además, porque la Justicia dictó el principio de precaución. Este último argumento, que hasta ahora no se había empleado para el caso de ninguna de las firmas demandadas, se basa en que una autoridad del Estado puede dictar una medida antes de que se ocasione el daño e, incluso, apenas registrado algún tipo de incumplimiento de la firma.

Sorpresivamente, en el Ejecutivo vieron con buenos ojos la sentencia del 11º Juzgado en lo Civil a cargo de Alejandra Orbelli. En los argumentos, la magistrada indica que Depromin no otorgó la fianza y operó sin haber obtenido la servidumbre correspondiente. Esta última es la que fija el derecho real, perpetuo o temporario sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él o ejercer ciertos derechos y debe ser fijada por la Dirección de Minería.

Para Walter Vázquez, subsecretario de Hidrocarburos, la Justicia está imponiendo respeto a las instituciones y está demostrando que no permitirá el daño al Estado. Así, a pesar de ser uno de los encargados de destrabar los proyectos que hay en danza (ver aparte), Vázquez cree que este tipo de resoluciones judiciales dejará claro a las empresas que pretenden operar que hay que tener todo en orden para poder explotar los recursos naturales.

El conflicto surgió entre dos privados hace más de cuatro años. Se trata de una pulseada judicial que comenzó Aguas Danone de Argentina, embotelladora de Villavicencio, contra Depromin SA, porque la primera pretendía frenar el desarrollo de la actividad minera, amparándose en los daños ambientales que ocasionaría en la reserva natural Paramillos Sur de Las Heras. En medio de una maraña judicial, la canadiense Depromin debía otorgar sobre el inmueble las servidumbres correspondientes. Esto es dejar en claro cuáles serían los permisos y sus límites y fijar una especie de fianza que serviría para sanear daños ambientales, en caso de que estos se comprobaran. Esto es similar a un embargo preventivo en otro tipo de negociaciones, es decir se ejecuta sólo si la una de las partes sufre el daño.

La sentencia sienta precedentes porque habla de lo que podrá suceder en el futuro. Además le garantiza a la parte en cuestión que la minera debe dar las garantías suficientes antes de comenzar a operar.

Uno de los párrafos de la sentencia marca que luego de analizar la copiosa prueba llegó a la conclusión de que la demandada no ha logrado demostrar que la recarga del acuífero no se encuentra en el inmueble y en razón de ello existe un grado de duda razonable con respecto a si es probable que la actividad minera pueda ocasionar daño al agua y a los restantes recursos naturales existentes en el lugar, por lo que la aplicación del principio precautorio, en este caso, obliga a suspender los trabajos hasta tanto se resuelva la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) planteada en sede administrativa.

La sentencia llega en el momento justo en que a nivel internacional se resolvía un pronunciamiento por reclamos ambientalistas que lleva más de cinco años y cuyo fallo muestra a las claras un fracaso político del Gobierno argentino. Así, la Corte Internacional de La Haya advirtió que Montevideo violó el tratado del río Uruguay al autorizar unilateralmente la construcción de la papelera Botnia pero aclaró que no tiene pruebas del uso de insumos contaminantes ni para ordenar la relocalización y esto deja entrever una lección política de que, en materia ambiental, la acción siempre debe ser preventiva.

El fallo mendocino tendrá trascendencia política pero también podrá marcar el rumbo entre las mineras porque hay otras cuatro empresas que están operando en el manejo de minería metalífera y el Gobierno mendocino necesita destrabar la actividad. Estos son los casos de Huemul, San Jorge y Potasio Río Colorado. Las dos últimas están pidiendo permiso para explotar, mientras que la primera espera ratificación legislativa para comenzar a operar. En el Ejecutivo hablan de la creación de más de 5.000 puestos de trabajo directos entre las tres y poco más del doble de manera indirecta. La generación de los mismos ya no es sólo una necesidad sino una obligación para el entorno jaquista porque ni siquiera la Ley de Fomento del Empleo le sirvió para dar impulso a la creación de fuentes laborales.

La minera anunció que apelará

Tras conocerse el fallo a primera hora de ayer, El Sol se contactó con autoridades de Depromin en Buenos Aires. Alfredo Vitaller, gerente regional, sostuvo que se va a apelar la medida por violar el derecho de defensa en juicio, ya que la jueza no tuvo en cuenta antes de sentenciar el estado actual de los expedientes administrativos para ver los avances en conseguir los permisos.

En un comunicado escrito enviado al diario dice que "Deprominsa ha cumplido con todas las obligaciones que el Gobierno exige para conseguir estos permisos, incluido el ofrecimiento de fianza y la obtención del rechazo definitivo en sede administrativa mediante decreto del Poder Ejecutivo de las impugnaciones a la concesión por parte de Danone".

Mientras, Martín de Ferraris, director de Calidad, Recursos y medio Ambiente de Danone, se mostró satisfecho con el fallo, argumentando que el principio de la precaución servirá para proteger los acuíferos y el recurso hídrico de la zona.

De Ferraris negó la afirmación de que la empresa tenga autorización para explotación minera, tal como argumenta Deprominsa en uno de los ítems de su comunicado.