A la audiencia fueron citados los Estados nacional, bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, condenados en el expediente conocido como “Causa Mendoza”, para que “informen oralmente sobre el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los mandatos impuestos en la sentencia” dictada el 8 de julio de 2008.

La Corte recordó que en aquella sentencia “definitiva” resolvió a favor de la pretensión de vecinos de la cuenca que reclamaban la recomposición y prevención del daño al medio ambiente.

En esa oportunidad, se condenó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y a los tres Estados a cumplir con un programa de objetivos y resultados “cuyos contenidos y plazos fueron establecidos con precisión respecto a cada uno de los diversos mandatos de ejecución obligatoria fijados en el pronunciamiento”.

En aquel fallo se decidió, además, encomendar al juzgado federal de Quilmes “el ejercicio de las atribuciones necesarias para llevar a cabo las actuaciones destinadas a la fiel ejecución de las obligaciones impuestas”.

La Corte afirmó que una nueva audiencia pública –hubo otras en esta causa- “constituye un provechoso instrumento para que el Tribunal tome conocimiento inmediato e integral de todas las circunstancias concernientes al genuino estado del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el fallo” de 2008