Luego de casi una hora de reunión con miembros del Gobierno provincial, la Suprema Corte de Justicia provincial se mantuvo firme y el Ejecutivo no pudo presionar para que los conjueces nombrados por la Corte sean removidos de sus cargos.

El ministro de Gobierno, Mario Adaro, fue el encargado de llevar a cabo la misión del Ejecutivo, aunque su negociación no dio los frutos esperados: los conjueces nombrados de manera temporal en el Segundo Juzgado de Ejecución Penal de la cárcel de Almafuerte (Silvana Roxana Culós), del Juzgado de Familia de Malargüe (María del Carmen Páramo) y del Juzgado Correccional y de Faltas de Gral. Alvear (Armando Farina) permanecerán en sus escritorios.

Sin embargo, Adaro anunció a diariouno.com.ar que el Ejecutivo elaborará "un anteproyecto de ley para que no se den nuevamente este tipo de vacíos legales".

El encuentro entre ambas partes fue pactado en medio de los zamarreos suscitados semanas atrás por el nombramiento de estos conjueces de manera "irregular", por no seguir los pasos que indica la ley 7.492 (según argumenta el Gobierno), por parte del Supremo Tribunal.

La cuerda se tensó más de la cuenta cuando desde Casa de Gobierno advirtieron que por el asunto iniciarían el pedido de juicio político para el presidente de la Corte, Alejandro Pérez Hualde.

Según aseguró Adaro, en la reunión no se tocó este tema pero no descartó que el proceso de acusación a Pérez Hualde sea levantado. "El gobernador (Celso Jaque) decidirá qué hacer", contestó, escueto.