A un mes de la ola de saqueos que padeció la provincia, la Justicia aún trata de determinar las responsabilidades que civiles y policías tuvieron en el desarrollo de la crisis social, los empresarios buscan recuperarse del desastre económico que significó el caos y el Gobierno pelea por recuperar la confianza ciudadana.

Las secuelas persisten. En el Poder Judicial se acumulan los expedientes vinculados con el vandalismo del 8, 9 y 10 de diciembre. Por un lado, a principios de semana se confirmó que los ocho policías que encabezaron la huelga policial por mejores salarios permanecerán detenidos. El juez de Feria, Víctor Rougés, dispuso la prisión preventiva en contra Diego Alberto Herrera, Miguel Ángel Toledo, Ángel René Chaile y Pablo Pedro Pérez (cesanteados), y de los suboficiales Sergio Omar Hogas, Federico Antonio Castro, Eugenio Alejandro Mamaní y Flavia María Belén Bedma. Todos están acusados de sedición y otros delitos.

Ayer, en tanto, el magistrado desechó un pedido de la fiscala Adriana Reinoso Cuello y ordenó la liberación de 14 civiles detenidos en Alderetes, curiosamente una ciudad en la que no hubo saqueos. Esa decisión del juez alcanza, entre otros, a Gonzalo Carrizo, Gabriel Jerez, Juan Evaristo Santana y Manuel Jesús Sir. Estos casos fueron expuestos el fin de semana por LA GACETA, ya que algunos fueron arrestados cuando venían de custodiar comercios de allegados o circulaban por la vía pública, según sus familiares.

De la lista original de 86 personas detenidas que difundió el Gobierno, a 17 ya se les dictó la prisión preventiva antes de fin de año, todas ellas vinculadas con el atraco al supermercado Changomas en Banda del Río Salí. Todas las prisiones preventivas dictadas hasta aquí (incluidas las de los policías) han sido apeladas, y quien resolverá en definitiva es la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que durante la feria de enero está compuesta por los jueces Alfonso Zóttoli y Stella Arce.