En la promoción de acción penal elevada por la fiscal Penal Nº 2, María Inés Loyola, la letrada decidió solicitar las medidas que correspondan "en contra de NN personas a identificar del Ministerio de Salud Pública y comercios proveedores y/o a quien pudiera resultar responsable del delito de Fraude a la Administración Pública en los términos del artículo 174 51 del Código Penal y contra NN personas a identificar responsables Firma ZG Importaciones SRL y Mutual S.A y/o quien resulte responsable por el delito de Tráfico de Medicamentos o Mercaderías Peligrosas para la Salud, previsto y reprimido por el artículo 201 del mismo cuerpo legal".

El pedido de Loyola tiene como origen la presentación realizada por la diputada provincial por el Partido Propuesta Salteña (PPS), Virginia Cornejo, ante el Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals.

En la denuncia se apunta a las publicaciones realizadas por el sitio web El Intransigente, que indicaba que en el año 2008 se habían dejado vencer estas anestesias provocando a la provincia una pérdida cercana a los dos millones de pesos.

Frente a las denuncias, la Fiscal Correccional Nº 8, Claudia Geria, remitió las actuaciones a Loyola considerando que había motivos para elevar la causa a la Justicia Penal.

Entre otros motivos, Geria señaló "la llamativa diferencia en el volumen de anestésicos en el período comprendido entre diciembre de 2005 y octubre de 2007 (durante el gobierno de Juan Carlos Romero), ante el solo pedido de un funcionario de Salud Pública, sin que conste documentación que respalde tal pedido".

Hasta ayer, según las informaciones brindadas por la diputada Cornejo, se habían declarado incompetentes en la causa el juez José María Alvarado Solá, de Formal de 6ª Nominación, y el de 2ª Nominación, Esteban Dubois.

En ambos casos se declaró la incompetencia por razones de turno.