El fiscal Fernando Moine corroborará si, como señala la denuncia, la fundación les descontaba el IVA a sus 160 afiliados y después no hacía el depósito en la Afip. La deuda acumulada es de 700 mil pesos
Según la información que surgió del gobierno municipal, durante al menos dos años Ergon les descontó a 160 personas de origen humilde, que integraban 9 cooperativas de trabajo, el 21 por ciento del IVA que debían pagar por su actividad. Pero, como esas obligaciones no eran canceladas, los supuestos socios terminaron teniendo una deuda global de 700 mil pesos.
Ya se había detectado que los cooperativistas habían acumulado vencimientos impagos en la Afip pero hasta la semana pasada se creía que eran sólo por el monotributo. En este caso, se trataba de deudas personales que rondaban los 1.500 pesos por cada cooperativista. Sin embargo, la información que reveló PUNTAL hace 8 días es de mayor gravedad: las 9 cooperativas debían pagar el IVA pero, como le habían cedido la administración a Ergon, era esa fundación la que debía depositar los fondos. Durante dos años no se habrían cancelado vencimientos por 700 mil pesos. Pero, cuando el gobierno municipal decidió eliminar los intermediarios y se hizo cargo del asesoramiento administrativo de las cooperativas, Ergon hizo ingresar a los 9 grupos de trabajo en un plan de pagos que implicó que la Afip embargara las cuentas y la gente no pudiera pagar los sueldos.
Ahora, el fiscal buscará comprobar esa defraudación. Según fuentes de la causa, la primera medida será pedir las rendiciones que todos los meses recibían los trabajadores para comprobar si, efectivamente, Ergon les descontaba el 21 por ciento del IVA y, después, corroborará si existe la deuda en Afip por falta de pago.
"En ese caso, estaríamos claramente en presencia de una defraudación", manifestaron fuentes de la investigación.
Un primer tramo de la denuncia se presentó a principios de septiembre, cuando tres cooperativistas -Mercedes Rosales, Paola Castagnino y Lorena Coria- se presentaron ante el fiscal, asesoradas por el defensor oficial René Bosio, para detallar las irregularidades administrativas de Ergon. Relataron que les hacían firmar cheques en blanco, que en realidad eran empleadas en relación de dependencia con sueldos de miseria y que habían descubierto deudas en el monotributo y en las ART. Esos hechos terminaron siendo los menos trascendentes de la denuncia ante la revelación que hizo PUNTAL de que existe una cuantiosa deuda con la Afip.
La supuesta estafa tuvo una consecuencia política inmediata: el intendente Juan Jure decidió echar del gobierno a Martín Gallero, un alonsista que dirigía el Mercado de Abasto y que era el presidente de Ergon.
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