Con la presentación de documentación falsa de empresas inexistentes o ya desaparecidas y los servicios de prestanombres, como instrumentos para la obtención de créditos fiscales, se habría consumado un fraude por más de 30 millones de pesos en perjuicio del Estado Nacional, en el que están involucrados varios tucumanos.

En el marco de la investigación penal, que está siendo tramitada en el Juzgado Federal Número II de Tucumán, a cargo de Mario Racedo, ya se concretó la detención de una mujer y se dictaron numerosas citaciones a otros imputados para que presten declaración indagatoria.

Según confirmaron a EL SIGLO fuentes judiciales, el voluminoso expediente, que consta de al menos 18 casos sobre supuestos ilícitos con bonos fiscales, concretados durante 2007, fue dividido para su investigación en dos partes. La primera etapa de la indagatoria, que es la que está más avanzada, se concentró en 11 causas que, por su conexidad (los mismos involucrados e idéntico accionar), fueron unificadas en un sólo expediente, en el que se trata de confirmar un fraude por un monto de 15.212.089 pesos contra el erario público, mediante la obtención irregular de un total de 104 títulos.

Por otro lado, hay otros siete presuntos trámites fraudulentos para la obtención de créditos fiscales, por una suma de aproximadamente 15.000.000 de pesos, que, si bien muestran el mismo modus operandi que en el caso anterior, involucran a otras personas, por lo cual están siendo investigados por separado.

La denuncia original

La denuncia original, que derivó en la actuación judicial, fue presentada por la jefa interina de la Sección Penal Tributaria de la AFIP-DGI, María Marcela Ruíz, quien advirtió sobre la existencia de "una compleja maniobra desplegada ante la Dirección Nacional de Industria, a través del cual, con ardid o engaño, se obtuvo un beneficio fiscal, con la emisión de bonos de crédito fiscal". Agregó que para concretar la maniobra se apeló a "la utilización de prestanombres (algunos sin capacidad económica para prestar los servicios declarados) que no revestían calidad de contribuyentes ante la AFIP-DGI o empresas ya desaparecidas". También, según la demanda inicial, se constató la presentación de facturas truchas de firmas reales, la mayoría de Tucumán, algunas de conocida trayectoria en nuestro medio. Por el hecho, el juez Racedo ordenó la detención de Andrea Martha Jiménez, quien aparece como presunta responsable de 11 operaciones irregulares con distintas empresas y particulares, cuyos nombres y razones sociales se mantienen bajo absoluta reserva.

Las mismas fuentes consultadas por este diario estimaron que una vez finalizada la feria judicial de enero, cuando los implicados comiencen a desfilar por los Tribunales Federales para ser indagados, saldrán a luz otros nombres y se conocerán más pormenores de la compleja causa.

El modus operandi

Conforme indica el expediente, al cual tuvo acceso nuestro diario, las maniobras fraudulentas fueron iniciadas en la aplicación del decreto nacional 379/2001, por el cual el Poder Ejecutivo de la Nación creó un régimen destinado a promover la fabricación de bienes de capital, informática y telecomunicaciones.

Empresas de esos rubros eran subvencionadas con la emisión de un bono fiscal, emitido por la Dirección de Industria, que servía para el pago de los impuestos nacionales a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta, al Impuesto al Valor Agregado y otros.

El valor de cada título era equivalente al 14 por ciento del precio de venta de cada bien producido, y se lo gestionaba contra presentación de la correspondiente factura. Estos créditos podían ser cedidos a terceros en una sola oportunidad, para la desgravación fiscal.

En su planteo, Ruíz denunció que ante la Dirección de Industria se habían presentado documentos falsos y que en los papeles presentados para los trámites ante ese organismo nacional figuraba un poder especial en nombre de Jiménez para que realice las gestiones pertinentes.

Sin embargo, en base a las declaraciones de otros involucrados en la causa, la Justicia estima que la mujer detenida sería simplemente una empleada de los verdaderos cerebros de la maniobra fraudulenta.

Una vez obtenidos ilegalmente, los bonos fiscales eran negociados con terceros, en este caso con empresas de corredores de bolsa, que a su vez vendían los títulos a otras firmas que los adquirían para la cancelación de impuestos nacionales.

Según explicaron a este diario fuentes vinculadas a la investigación, los corredores de bolsa que adquirieron los papeles nacionales podrían estar implicados en la maniobra. En cambio, las empresas que compraron los títulos, algunas de ellas muy conocidas en nuestro medio, habrían actuado de buena fe y, por lo tanto, no tendría responsabilidad alguna en las maniobras fraudulentas.

La detenida negó todo

Al ser interrogada, Jiménez negó todas las acusaciones en su contra, aunque admitió haber realizado gestiones ante el organismo nacional donde se otorgaban los créditos de fomento.

Sin embargo, en diciembre de 2010, en el fallo por el cual ordenó la detención de la mujer, Racedo sostuvo que "la imputación que le formulara el tribunal no fue desestimada ni contrarrestada en el relato de la imputada. Es más, se afianza el estado de sospecha cuando reconoce haber percibido personalmente en 11 oportunidades los bonos fiscales por una suma global de $ 15.212.089", agregó el magistrado.

Según el expediente, el monto mínimo en crédito fiscal que se otorgó a un solo beneficiario fue de aproximadamente 400.000 pesos; mientras que la suma máxima obtenida de manera fraudulenta superó los 2.500.000 pesos.