Un empleado de la Secretaría de Economía descubrió que en el bloque oficialista habían adulterado una factura. Pasaron por 312 pesos una compra de criollitos que, en realidad, era de 12. El jefe del bloque, Gustavo Segre, y la secretaria, Verónica Abasolo, están a un paso de la imputación penal
O la inflación había llegado a niveles alocados o algo raro había en esa rendición de cuentas.
Por increíble que parezca, esa compra de criollitos terminó en la Justicia y hoy, después de 15 días de investigación, el jefe del bloque de Río Cuarto para Todos, Gustavo Segre, y su secretaria, Verónica Abasolo, enfrentan el riesgo cierto de una imputación por fraude al Estado en grado de tentativa.
Imposible no pensar en Fermín Borthelle, aquel concejal radical que tuvo que renunciar a su banca e incluso abandonar la ciudad después de haber intentado pagarle a su mecánico un arreglo de su auto con un subsidio institucional de 150 pesos.
La historia de los criollitos incluye un intento de fraude -que en la Justicia consideran probado-, un empleado honesto que investigó la factura y un alto funcionario que se negó a ocultar.
El caso está en la fiscalía de instrucción de cuarta nominación, a cargo de Julio Rivero. Según relataron fuentes judiciales, todo comenzó en octubre de 2009. Entonces, un joven empleado de la Subdirección General de Presupuesto, que controla las rendiciones de cuentas de las cajas chicas, recibió las facturas del bloque Río Cuarto para Todos del mes de agosto.
Le llamó la atención una de ellas, que era de 312 pesos por una compra de criollitos. Revisó el día anterior y había una boleta similar, aunque con un monto ostensiblemente menor: 12 pesos. Sospechó que alguien había agregado intencionalmente el 3 a la segunda factura.
En las rendiciones de cuentas de las cajas chicas del Concejo, cada factura debe ir firmada por el presidente del bloque y por el secretario de la bancada. Pero, además, va adjuntada una planilla de excel con el motivo del gasto y la identificación del proveedor.
En este caso, el gasto se había generado por un motivo idéntico en los dos días sucesivos. Eran criollitos para los 9 concejales que participaban de las reuniones de la comisión de Gobierno.
En la primera factura, el gasto era razonable: 12 pesos equivale a un kilo de criollos. Pero la segunda no cerraba de ninguna forma porque 312 pesos hubieran alcanzado para comprar 26 kilos de bizcochitos y cada concejal tendría que haber ingerido 2,8 kilos en aquella reunión pantagruélica.
Los dos documentos, tanto la factura como la planilla de excel, estaban firmados por el jefe del bloque, Gustavo Segre, y la secretaria Verónica Abasolo.
El empleado de la Subdirección General de Presupuesto se fue hasta la panadería, informó que era de la Municipalidad y pidió el original de la factura dudosa. Y confirmó sus sospechas: era de 12 pesos. Pidió una copia autenticada y la llevó a manos de su superior, Guillermo Mana, el secretario de Economía, que le dijo que no estaba dispuesto a hacer nada para salvar la irregularidad.
El 22 de octubre de 2009, el empleado denunció el caso en la Unidad Judicial Nº1 y, después de una investigación inicial en la que se secuestraron documentos, todo pasó a manos de Rivero.
El miércoles, un policía llegó al Concejo con la notificación de que Ana Urquiza, otra empleada de Segre, era convocada a declarar inmediatamente. La mujer, que ahora trabaja en el Edecom, contestó durante 4 horas un cuestionario exhaustivo. Y cerca del fiscal señalan que el intento de fraude -la factura nunca se cobró- está probado y que las imputaciones tanto del concejal -que no tiene fueros- como de su secretaria son inminentes.
Ayer, después de la citación de Urquiza, Segre reunió al personal de su bloque y le notificó que días tumultuosos están por venir.
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