La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo no accedería a liberar el uso de las reservas del Banco Central (BCRA), como pretende el Gobierno: los camaristas concederán el recurso extraordinario y elevarán el caso a la Corte Suprema, pero mantendrán la medida cautelar que impide al Poder Ejecutivo disponer del polémico Fondo del Bicentenario.

El máximo tribunal, por su parte, de acuerdo a lo publicado por un medio de alcance nacional, en el día de hoy, no va a apurar una definición judicial, fundamentalmente para permitir que el Congreso de la Nación, durante las sesiones ordinarias que comienzan el 1° de marzo, tenga la posibilidad de zanjar el debate.

Los camaristas que tienen el caso, Sergio Fernández, Luis Márquez y Jorge Morán, están en la mira del Gobierno y, ante un inminente desenlace, el radicalismo recusó ayer a los dos primeros, por su proximidad con el oficialismo.

Si la Cámara resolviese en aquel sentido, como se prevé que lo haría esta semana, el conflicto que en diciembre desató el decreto 2010/09 de la presidenta Cristina Kirchner, que evitó la intervención del Congreso, volvería a encontrar su cauce político natural. Aunque el desenlace para el Gobierno será incierto, ante la pérdida de poder del oficialismo en ambas cámaras del Congreso.

De cualquier modo, ése sería el correcto desenlace institucional para una confrontación que estuvo teñida por una maniobra oficial que amenazó con apropiarse de US$ 6500 millones de las reservas del BCRA para darles un uso político. El Congreso, a partir de la semana próxima, podría ejercer su función de control político y discutir sobre el DNU o bien acordar sobre la base de un proyecto de ley.

Cuando una de las partes en un juicio es el Gobierno, nunca está dicha la última palabra hasta que se dicte la sentencia. Pero varias razones priman para favorecer este resultado.

Primero. Los camaristas de la Sala IV no encuentran argumentos técnicos plausibles para revocar, por el solo pedido del Gobierno y sin competencia alguna, una medida cautelar contra el uso de reservas. Y si realmente existió esa intención, la publicidad que cobró esa jugada desbarató sus virtudes.

Luego de que la jueza María José Sarmiento suspendió el DNU, resolución que fue confirmada por las camaristas Clara Do Pico y Marta Herrera, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, presentó un recurso extraordinario y pidió que la Sala IV levante la suspensión. Pero esta solución no tendría asidero legal alguno.

Segundo. En estos días, los jueces toman nota de que cuando un gobierno se debilita no hay respaldo para las desmesuras. Hoy mismo comienza el jury de enjuiciamiento que podría acabar con la destitución del juez federal Federico Faggionato Márquez, otrora apañado por el oficialismo (ver página 6). "El Gobierno devora a sus hombres", dijo un conocedor de la Justicia, y a Da Rocha no le alcanzaría su buena llegada con algunos ministros de la Corte para revertir esta suerte.

Tercero. El Congreso está a punto de iniciar sus sesiones ordinarias y un fallo favorable al DNU de Cristina Kirchner, que abrirá el nuevo período legislativo, podría tener el efecto secundario de colocar al Gobierno en una situación incómoda. Una victoria judicial del Poder Ejecutivo sobre ese Congreso tal vez sólo ayudaría a aglutinar aún más a la oposición.

Por cierto, en este escenario complejo, la Sala IV tendría una elegante salida de emergencia: demorar un pronunciamiento, por la imposibilidad de dictarlo, lo que le permitiría quedar bien con el Gobierno y con la oposición. Ayer, la UCR recusó a los camaristas Fernández y Márquez (ver aparte). El mero trámite que habitualmente la Justicia imprime a esos planteos bastaría para sepultar los apuros del Gobierno.

Cuarto. Hay otra razón técnica casi insalvable para que la Cámara no suspenda una de las medidas cautelares: existen otros dos fallos en el mismo sentido. En efecto, aun en el hipotético caso de que la Sala IV modificase el efecto del fallo que dictaron las camaristas Do Pico y Herrera, seguiría en pie la prohibición que dispuso la jueza de primera instancia, la doctora Sarmiento, y también el fallo cautelar dictado en el expediente promovido por Graciela Camaño y el PJ disidente, que sólo ayer llegó a estudio de la Sala I y de la Fiscalía.

Quinto. Si la Sala IV dictase un fallo favorable al Gobierno, colocaría a la Corte en una situación extremadamente incómoda. El alto tribunal, que siempre hace gala de independencia, no podría tolerar un fallo amañado de la Sala IV que, de un plumazo, dejase sin efecto dos medidas cautelares concordantes. Por el contrario, si el fallo mantuviese la indisponibilidad de las reservas, el tema podría ser resuelto por el Congreso.