El vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse, promovió fuertes objeciones a la importancia que desde el propio sistema jurídico nacional se le atribuye a los estándares que bregan por una mayor garantía, respeto y cumplimiento de normativas orientadas a la defensa de los Derechos Humanos.

En tal sentido, indicó que, en la actualidad, existen múltiples trabas que condicionan la aplicabilidad de principios y valores en los que el fundamento central se basa en la significación misma de la persona como portadora de facultades legales que la instituyan como tal.

"Hoy en día, asistimos a la dificultad del Estado para la aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos como nuevos paradigmas jurídicos debido a una carga ideológica residual existente en el sistema judicial en donde se combinan prácticas autoritarias", enfatizó Posse, en una disertación brindada en el marco del III Encuentro Regional del NOA "Una justicia amigable para la infancia" que se desarrolló hasta el viernes en nuestra provincia.

Incompatibilidades

El magistrado puntualizó que, a partir de las falencias denunciadas, "la administración de justicia se complejiza de sobremanera ante una resistencia cabal a redefinir los órdenes que se plantean con el nuevo paradigma".

Asimismo y a modo de reforzar la tesis planteada, atribuyó tal situación a una "concepción cultural, jurídica e ideológica emparentada con el autoritarismo dejando traslucir un desconocimiento absoluto del orden jurídico".

Posse además recalcó que en varios estrados judiciales de la provincia pueden apreciarse las caracterizaciones por él vertidas dadas "las condiciones prehistóricas en las que se desenvuelven, lo que se convierte en una cuestión central en la afectación de respuestas que requiere la comunidad por parte de la justicia".

Al respecto, profundizó en su alocución sobre las incompatibilidades en el accionar del esquema jurídico en materia garantista atribuyendo tal desavenencia a la capacidad de ejecución que demuestran jueces e instancias legales. De esta forma, consideró que existen "modalidades procesales que se aplican y resultan ser completamente contradictorias con las leyes, esto indica la falta de comprensión y conocimiento del derecho en el que se encuentra inmersos algunos funcionarios del Poder Judicial".

Si bien el vocal de la Corte adujo que en el análisis de cada situación en particular judicializada no deben disociarse los factores de intereses que hay en juego, puesto que todos ellos hacen a la configuración misma de todo marco social, recordó que "por su esencia misma, el derecho está vinculado a una visión de sociedad y poder, dada básicamente por la carga ideológica que ello implica pero que, sin embargo, ha posibilitado que el camino para la concreción de tratados que versen sobre la defensa irrestricta de los Derechos Humanos conlleve y ofrezca obstáculos de todo tipo".

En tal sentido, valoró las nuevas ponderaciones que se establecen sobre la calidad del tratamiento jurídico que merecen contextos donde lo primordial sea el enfoque puesto sobre la condición misma de las personas y sus potestades. "Debemos avanzar y situarnos en la consideración del ser humano por sobre los bienes, él ha pasado a ser el centro de la escena como una forma de potenciar a la democracia y posibilitar el sostenimiento de la paz", argumentó.

En base a lo exclamado anteriormente, quien fuera Defensor del Pueblo, bregó por "una reeducación jurídica para todos los operadores jurídicos que conlleve una permanente capacitación en aras de una normativización de las conductas sociales en torno de los Tratados y Convenciones, lo cual no significa dejar de tener en cuenta a los núcleos de intereses".

Pero para que ello se materialice en la práctica, exigió los cambios necesarios en los órganos pertinentes que deben variar su orientación en el tratamiento de la temática sobre Derechos Humanos e insistió, con un carácter de redundancia, en que "el Poder Judicial es el más conservador del Estado, por eso la modificación de paradigmas son tan resistidos", culminó Posse.

Sujetos de derecho

Durante las diferentes conferencias que formaron parte del programa "Una justicia amigable para la infancia", la temática central estuvo cimentada en el abordaje de instancias referidas a un sistema de justicia que garantice el respeto y la efectiva implementación de todos los derechos de los niños al más alto nivel teniendo presente una serie de principios y otorgando la debida consideración al aspecto de madurez y entendimiento del niño.

De acuerdo a lo señalado por Ivonne Allen, vicepresidenta de Asuntos Institucionales de la Asociación de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), "el encuentro buscó conocer las expectativas y realidades del accionar judicial en cada región del país con respecto a los niños, que son muchas veces el sector más desprotegido y vulnerable de la sociedad". Por tal motivo, consideró que "los menores deben ser tratados como sujetos de derecho y que muchas veces en la práctica eso no sucede, aunque las legislaciones así lo garanticen".

Allen estipuló un enfoque multidisciplinario para el estudio de los casos que se judicializan pues destacó que “las problemáticas de la niñez pueden apreciarse en lo civil, penal, en todas las áreas, realmente está instalado desde la violencia familiar, abuso sexual, delitos cometidos por los niños. Incluso los medios de comunicación intentan mirarlo al niño como un delincuente, transmiten esa idea”, resaltó.

Vinculado con el tópico en cuestión, hubo advertencias sobre el funcionamiento del sistema jurídico argentino en la forma que el mismo aborda la problemática de la niñez.

"En el país se adaptaron modelos para la defensa y protección de los menores pero sin tener en cuenta los aspectos culturales y regionales, como así también se dejó de lado la situación particular de los niños", estipuló a su vez Elbio Ramos, presidente de AJUNAF.

El catedrático precisó que existe "una falta de visión para la coordinación de prácticas que se enfoquen en la necesidad y derechos de los niños, constantemente se habla de una protección integral de los menores pero en la realidad, su actuación es totalmente irregular".

Descentralización

Ante las dificultades descriptas, Ramos consideró necesaria el involucramiento no sólo de jueces sino también del Estado, la sociedad y las ONG's para obtener una promoción del derecho más horizontal y no limitada sólo al accionar judicial. Pese a ello, aclaró que las medidas que se dictan para la seguridad y garantía de los derechos de los infantes no gozan de la legalidad necesaria pues se presentan desconexiones entre los estamentos decisorios y ejecutores que tienen que bregar por la protección infantil.

"Si bien se necesita descentralizar el control hacia los menores para que el juez no siga siendo visto como eje principal del sistema de protección, hay una desconfianza patente del Poder Judicial hacia los administradores de protección (conferidos en leyes, órganos, instituciones). Los jueces se dedican más en vigilar al administrador y no tanto a los padres, que pueden ser una de las causas traumáticas por las que atraviesa el menor", planteó.

Finalmente, para constituirse como una herramienta práctica que asegure los derechos a la información, participación y representación de esta franja etaria, Ramos estimó necesario "la especialización de la justicia orientada hacia los derechos de los niños y sus responsabilidades penales juveniles".