El plan secesionista de España, aprobado por segunda vez por el Parlamento catalán, ha vuelto a ser dejado sin efecto por el Tribunal Constitucional al que recurrió el gobierno. Se trataba de un “proceso de desconexión”, constituyente, de España apoyado en la soberanía del Parlamento regional que se pone por encima del Tribunal Constitucional y de las potestades del Parlamento español, donde reside la soberanía nacional.

Además, el Tribunal advierte al presidente de la Generalitat (gobierno de la comunidad autónoma), Carles Puigdemont, y a la titular del parlamento regional, Carme Forcadell, que si ignoran la decisión del Constitucional deberán hacer frente a responsabilidades incluso penales por el delito de desobediencia.

En este segundo caso, incluso, se puede dar el agravante, según comentaron algunos penalistas, de un caso de “contumacia” (repetición de un delito) como agravante.

En las próximas horas llegará un requerimiento personal al presidente de la Generalitat, la presidenta del Parlamento, los miembros de la mesa de la Cámara y al secretario general, para que “se abstengan de facilitar o promover cualquier tipo de iniciativa parlamentaria cuya finalidad sea tramitar o desarrollar las citadas conclusiones sobre leyes del llamado “Proceso constituyente” (desconexión).

Las medidas de castigo podrían ir desde multas de entre 3.000 a 30.000 euros, suspensión de funciones, que puede concluir en apartamiento, y procesos penales.

El Alto Tribunal dio un plazo de veinte días a Carme Forcadell para que explique su actuación en la tramitación y aprobación del “plan de desconexión” ante una posible actuación judicial contra ella.

El Constitucional, como sucedió la otra vez cuando suspendió el operativo secesionista del 9 de noviembre pasado, dará a conocer una resolución final en setiembre. Pero la suspensión cautelar ya está en efecto y la operación secesionista abrogada.

Los tres partidos independentistas anunciaron que la resolución del Tribunal va a ser desacatada. Por lo tanto, las medidas punitivas que se puedan ejercer contra Forcadell y Puigdemont se pueden extender a dirigentes de Esquerra Republicana, Partido Democrático (pujolistas) y Unidad Popular (CUP).

De 135 diputados regionales, 72 independentistas aprobaron la secesión el miércoles pasado, como “la única manera posible para que los catalanes decidan su futuro”. El proceso incluye la puesta en marcha, ya preparada, de la recaudación de impuestos, Sanidad, representaciones diplomáticas, y otras instituciones fundamentales de la futura República Catalana.

La Constitución regional ya está preparada y sería sometida a un referéndum.

Hay que destacar que en las elecciones parlamentarias, que estaban convocadas como regionales, los independentistas sólo lograron el 47% de los sufragios populares y el resto de los partidos reunió el 53% restante.

Pero los independentistas lograron mayoría absoluta de diputados y este resultado fue suficiente para que los secesionistas se consideraran con un mandato popular, que no tienen, para lanzar la ruptura con España y crear la República independiente.