El juez Luis Arias, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1, de La Plata, no es una fuente de noticias auspiciosas para el intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez. En el marco de una causa en la que se siguen los avances de obras de remediación ambiental en la zona aledaña a la papelera ex Massuh, el magistrado impuso una multa con embargo de sueldo al intendente quilmeño.

Arias decidió castigar a Gutiérrez por el incumplimiento “de la obra de entubamiento del desagüe existente en la calle 822, entre el paredón de la Papelera Quilmes y el Arroyo Las Piedras”. El compromiso data del 24 de septiembre de 2009.

El juez señala en su fallo que la Municipalidad había planteado que terminaría los trabajos en 180 días. Al no cumplir con lo pactado, Arias definió una multa a Gutiérrez de 66 mil pesos. Y pidió que la misma se haga efectiva mediante “la retención de toda retribución que perciba el Sr. Intendente de la Municipalidad de Quilmes, por la suma de pesos un mil ($ 1.000) diarios, hasta cubrir la suma de pesos sesenta y seis mil ($ 66.000,00)”.

Sin embargo, Arias agrega en el dictamen que “las medidas que aquí se disponen, no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del salario que el citado funcionario perciba por todo concepto. Superado dicho tope, los descuentos respectivos serán deducidos de los haberes correspondientes a los períodos sucesivos”. Así, la multa queda menguada en sus efectos pecuniarios sobre el sueldo de Gutiérrez.

El magistrado también le impuso a Gutiérrez una multa de 500 pesos diarios “desde la notificación de la presente y hasta el efectivo inicio de la obra, previa Evaluación de Impacto Ambiental, debiendo acreditarse mensualmente el estado de avance de la misma”.

El intendente no se quedó atrás, y cuestionó al juez. Lejos de acatar el fallo, desmintió a Arias en un comunicado oficial. Señaló que “las obras de la calle 822 están en marcha”. Y afirmó: “Se trata de una obra muy importante que nos llevó mucho tiempo conseguir el proyecto, conseguir la financiación, realizar la licitación y la adjudicación de la obra y el inicio de la misma. Por eso quiero desmentir los dichos del señor juez, ya que el doctor Arias nunca vino al lugar a constatar el inicio de la obra”.

Gutiérrez prefirió descalificar la labor de Arias, antes que presentar un recurso judicial para revertir la incómoda situación en la que lo puso el magistrado platense. El intendente sentenció: “Consideramos apresurada la resolución del doctor Arias, a quien le decimos que nos gustaría que venga al barrio, que hable con los vecinos, que vea la obra, que hable con la empresa y con el sindicato de la construcción”.

En el tramo más duro de su desmentida, Gutiérrez planteó: “Legalmente aún no pudimos tomar ninguna decisión porque aún no fuimos notificados. Por eso nos llama la atención que haya salido primero en los medios y no se nos haya comunicado aún a nosotros. Estamos sorprendidos porque se anunció esto, con bombos y platillos y a mí no se me brindó ninguna comunicación”. Y remató: “Tenemos que tener en cuenta que se trata de un juez de La Plata, y como sabemos el responsable a quien la Corte ha determinado como el encargado en este tipo de casos ambientales es el juez federal Armella. Por eso, considero que el juez Arias no tendría que tener ningún tipo de intervención en este caso, a no ser que tenga un interés político; ya que por lo menos es llamativo que esto aparezca en los diarios y que no se nos haya informado absolutamente nada”.

El comunicado municipal incluye la opinión de José Pompey, de la empresa Marle S.A, a cargo de la obra: “La obra esta en sus comienzos. Ya hicimos la compra de materiales, y ahora estamos con toda la parte de planificación. Calculamos que en 6 o 7 meses tendría que estar terminada la parte de doble cañería. Luego atacaremos el segundo frente de la obra, que es el de las cañerías subsidiarias que van por la calle 882 y 878”, planteó Pompey.

Esta no es la primera mala noticia para Gutiérrez en el marco de esta causa. El año pasado, el mismo magistrado lo había multado con 400 mil pesos por obstruir el proceso de saneamiento ambiental en las cercanías de la ex Massuh. Arias lo había acusado de actuar con “temeridad y malicia”, al no cumplir un convenio por el cual el Municipio debía realizar el entubamiento del desagüe, parquizar, crear un espacio recreativo, y colocar una barrera forestal. Aunque Gutiérrez había apelado esa primera multa, la Justicia terminó confirmándola, tras rechazar el recurso, en un fallo del 17 de noviembre del año pasado.

En esa oportunidad, Arias también había pedido que se investigara a Gutiérrez por “la posible utilización de recursos públicos en beneficio personal, ya que el intendente había apelado por intermedio de la abogada del Municipio (Silvia Pose), cuando la multa le había sido impuesta de modo personal”.