El juez Alejandro Javier Tomás determinó que, las pruebas presentadas lo llevaron a concluir "que efectivamente el señor Bourlé es objeto de molestias restrictivas por parte de la policía".

El magistrado hizo lugar al pedido de Bourlé y su abogado Gustavo Morales, puntualizando en su resolución que "al no haberse individualizado la identidad de los uniformados directamente actuantes, la responsabilidad recae sobre la persona del jefe" de Policía de Tucumán.

En ese sentido, el juez ordenó que "la autoridad policial mencionada se abstenga de efectuar respecto del beneficiario (Bourlé) acto alguno que pueda ocasionar molestias restrictivas de la libertad física en contra de su persona, como ser vigilancias abusivas y reiteradas en su persona o a su domicilio, seguimientos infundados, etc. En definitiva, cualquier clase de medida que exceda el marco de actuación a la autoridad policial, y menos aún que no responda a orden expresa de autoridad competente", conforme las disposiciones constitucionales.

El magistrado su fundó especialmente en las declaraciones de un testigo, quien afirmó que le consta que "Bourlé recibe una persecución diaria de personal policial", identificando al personal policial de la D2.

Las costas de la acción judicial fueron impuestas al Departamento de Inteligencia de la D2 de la Policía de Tucumán, en la persona de su jefe.