Rafael Lago Salapata, juez de la Corte Federal de Santa Rosa, concedió el martes un requerimiento judicial y paralizó el proceso de licenciamiento ambiental y otros pasos que preceden a la construcción del proyecto de la represa Panambí. Con un presupuesto de 2.474 millones de dólares, la planta Panambí tendrá una capacidad instalada de 1.048 megavatios (MW). La decisión, con carácter provisional, responde a la solicitud del Ministerio Público Federal (MPF), también de Santa Rosa. La demanda presentada por la Procuradora, Leticia Carapeto Benrdt, contra el IBAMA y Eletrobras, según el sitio "ZH Noticias" de Brasil. La falla principal es el hecho de que la dimensión en la que se construirá la planta Panambí, 130 metros, inundaría 60 hectáreas el Parque Estatal Turvo, con amenaza para la flora y fauna de la región, algunos de extinción. El sitio, según el Ministerio Público Fiscal, es un área prioritaria para la conservación de la biodiversidad y la preservación plena unidad. Con esto, no podía sufrir ningún cambio y la intervención humana. También mantiene el fiscal, la reserva ambiental es un bien que figura como patrimonio cultural y natural del Estado. Otro problema identificado por el Ministerio Público Fiscal es que los términos de referencia preparados por el IBAMA para la concesión de licencias no observan las leyes que rigen el parque y no tenían el acuerdo del Secretario de Estado para el Medio Ambiente (SEMA). La decisión, sin embargo, no cubre a la hidroeléctrica Garabí, otra planta en el complejo, programado para ser situado en el momento de la ciudad de Garruchos, por debajo de Panambí, y en la frontera con la provincia de Corrientes. Sólo el lado brasileño, los lagos de las dos plantas, Garabí y Panambí, inundará áreas de 19 municipios y llegará a unos 7.500 gauchos. En el lado argentino, a más de 5.100 personas. En las comunidades, todavía hay quejas sobre la falta de información. Cuando fue contactado, Eletrobras informó que "no ha recibido ninguna citación judicial en la acción civil se ha mencionado, y sólo puede pronunciarse o podrá adoptar todas las ofertas después de tener conocimiento de los términos y motivos de la acción y la decisión judicial.