La justicia autorizó el desalojo de las tierras que desde el jueves pasado ocupa la comunidad mapuche lof Gallardo Calfú en El Foyel, aunque la defensa de los acusados podría apelar la decisión del magistrado.

El juez de revisión Marcelo Álvarez Melinger accedió al planteo del Ministerio Público Fiscal y la defensa, en representación de los dueños del campo, y dispuso el inmediato desalojo de las tierras a partir de la implementación por etapas, siendo la última de ellas el uso de la fuerza pública para garantizar la desocupación.

La medida de Álvarez Melinger revocó la decisión que el viernes pasado había adoptado el juez de Garantías Ricardo Calcagno, quien rechazó el planteo de la querella debido a la ausencia en la audiencia virtual de los únicos dos mapuches que pudieron ser identificados: Rosa Blanca Gallardo Calfú y Juan Carlos Oyarzo.

La decisión de Calcagno dio lugar a un recurso de impugnación ordinario al que se hizo lugar, quedando Álvarez Melinger a cargo de la causa.

En su argumentación, el magistrado aseguró que “el desalojo no afecta el derecho de los ocupantes” y afirmó que “la posesión de la familia propietaria del campo se encuentra comprometida, afecta derecho a propiedad, libertad de movimiento y una normal actividad agropecuaria del lugar”.

Dentro del territorio permanecen unas 40 personas quienes durante la madrugada del jueves bloquearon los dos accesos a la estancia, en el marco de un plan de reivindicación territorial que tiene antecedentes negativos para la comunidad, debido a dos resoluciones judiciales adversas para los reclamantes.

El magistrado solicitó el “resguardo inmediato” de las personas que están dentro de campo y de los propietarios del campo, como así también de sus bienes y justificó el “desalojo forzoso” del lugar.

De esta forma, Álvarez Melinger accedió al planteo del Ministerio Público Fiscal a partir de la presentación que realizó el abogado patrocinante de la familia Soriani, Jorge Paolinelli.

Dispuso la “inmediata restitución de la propiedad a la familia Soriani” y el desalojo de los cabecillas de la banda, Blanca Rosa Gallardo Calfú y Juan Carlos Oyarzo, como así también al resto de los integrantes de la comunidad que mantienen la ocupación.

La medida deberá implementarse por fases, siendo la primera de ellas la notificación de la medida a los acusados. En caso de que la misma no sea acatada, el magistrado dispuso continuar con el proceso contando con el auxilio de la fuerza pública, SENAF, Defensoría de Menores, auxiliares médicos y bomberos, para garantizar “los derechos a la salud y el resguardo de los bienes de las personas que se encuentran en el predio”.

La medida, explicó el juez, deberá realizarse con luz solar y no se podrá concretar en condiciones climáticas adversas.

El desalojo no se concretará hasta tanto la sentencia quede firme, una vez que se venzan los plazos previstos para apelar la resolución judicial.

La querella presentó la documentación que abala a Soriani como legítimo propietario de las tierras y narró la situación que vive la familia, que permanece cautiva desde hace cuatro días en el campo.