En la nota se hace referencia a “un atentado, ya no sólo contra bienes materiales sino […] contra el sistema democrático de gobierno” y menciona que la intencionalidad fue impedir “por medios violentos” la realización de la sesión en la que se aprobó el acuerdo de la provincia con YPF, de manera de “frustrar las reglas democráticas de mayorías y minorías expresadas por los representantes legítimos del pueblo: los diputados electos”.

En la presentación escrita, Pechen solicita que además de la determinación de los daños, se contextualice “con la conducta que habrían demostrado algunos grupos intentando superar violentamente las vallas colocadas por la policía provincial”.

Señala que “la violencia y el no respeto por el orden institucional por parte de grupos o individuos intolerantes y violentos ha llevado en el siglo anterior al quiebre constitucional de nuestros gobiernos democráticos en diversos tramos de nuestra historia”.

En otro tramo, indica que la Legislatura aportará los registros fílmicos que tiene en su poder para colaborar en la investigación.

“Ni ayer ni nunca claudicaremos frente a estos grupos violentos. Ese es nuestro mandato ético y nuestra obligación institucional”, afirma Pechen.