La Justicia apunta al gremio ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) por la manifestación que el martes ingresó a la Legislatura para pedir el rechazo a la explotación de cobre y oro que la minera San Jorge quiere hacer en Uspallata. El fiscal especial Santiago Garay imputaría la semana próxima a los principales dirigentes de ese gremio.

La secretaria general de ATE, Raquel Blas (quien además es la secretaria general de la CTA) y el adjunto, Roberto Macho, quedarían imputados entre el lunes y el martes por el delito de "perturbación del ejercicio de la función pública" que está contemplado en el Código Penal, en el artículo 241, inciso primero y es excarcelable. Según fuentes judiciales, la determinación la tomará Garay este mediodía luego de escuchar los testimonios de algunos legisladores que estuvieron presentes en la sesión a la que ingresaron los manifestantes.

A las 9 de hoy llegarán a la fiscalía de Delitos complejos dos senadores de distinto color político. Fueron llamados a declarar como testigos el senador Miguel Serralta (PJ) y la senadora Alejandra Naman (ARI). Serralta cargará duro contra los manifestantes, de acuerdo a lo que dejó entrever a Los Andes.

"Tengo que contar lo que vi. Empujaron la puerta e insultaron, incluso a Naman que está a favor de ellos. Voy a dar nombres de los que conozco", anunció. "Hubo destrozos. De hecho el miércoles en Diputados no se pudo usar el voto electrónico" se quejó Serralta.

Naman, en cambio, agregó que dará su testimonio "en forma personal" y que ella fue quien habilitó "el Salón Rojo para que entregaran el petitorio". El vicegobernador Cristian Racconto declarará por escrito ya que tiene esa facultad por sus fueros al igual que los legisladores, aunque estos prefirieron ir en persona a hablar con Garay.

Consultada Blas, advirtió: "El fiscal hará lo que tiene que hacer. Él deberá juntar todas las versiones de los hechos si lo quiere hacer así. Tenemos testigos, pruebas, videos de todo lo ocurrido". Es que entre los distintos grupos que se manifestaron están circulando videos de la movilización e incluso muchos de ellos han sido subidos a internet.

Para Blas, "lo que se quiere hacer es tapar la decisión de fondo y es la tonelada de recursos que pone este tipo de emprendimientos a los gobiernos para poder llevarse todo. Voy a hacer lo que tenga que hacer para defender el agua, porque no me sirve de nada tener vivienda digna o trabajo si no tenemos agua", desafió.

A través de un comunicado, la Asamblea Popular por el Agua, que fue parte de la movilización, advirtió: "Seguirán buscando culpables del lado equivocado, criminalizando a los que cortan rutas y buscando a quienes supuestamente rompen la pata de una silla legislativa, mientras que los saqueadores legales se siguen llevando nuestros bienes comunes con la complicidad de los gobiernos. Reivindicamos la democracia participativa como modo de hacer conocer nuestra voz".