Para el magistrado, el convenio o acta acuerdo celebrado, a partir de la homologación dispuesta, "se pone en marcha, mejor dicho, en plena ejecución. Sin demoras de ninguna naturaleza". Fuentes judiciales explicaron que al ser esta resolución un equivalente a una ejecución de sentencia, en caso de incumplimientos, el juez puede disponer sanciones al Estado provincial.

Esta situación había sido expuesta en un recurso de amparo presentado por la defensora oficial Nº 4, Natalia Buira, en febrero, para resolver la situación en la que se encontraban los pacientes internados en la Colonia Lozano. Pero el juez decidió que la letrada no se encontraba legitimada para presentar el recurso en cuestión, por lo cual se dejó la acción en manos de Lapad.

En su fallo, D´Jallad indicó que Lapad "optó, demostrando tino, sensibilidad y espíritu de políticas institucionales, convencer antes que vencer", a lo que agregó que antes de "intentar vencer demanda mediante, prefirió seguir el camino del consenso, y así consiguió la celebración de un convenio de común acuerdo, con la voluntad conjunta del Ministro de Salud Pública".

El acuerdo

Una comisión de monitoreo y seguimiento de lo acordado deberá controlar si el Ministerio de Salud instrumenta, entre otras acciones, la mantención de la prestación del servicio de Salud Mental en los 21 Hospitales y los 48 Centros de Salud existentes, además de incrementar los establecimientos.

La posibilidad de disponer en los próximos dos años cinco dispositivos alternativos a la internación de los pacientes como "residencias para pacientes con sufrimiento mental" o "casas de medio camino", en forma gradual y progresiva, con asistencia profesional especializada. Respecto al tema de la Colonia Lozano se dispuso que Salud proporcione a las personas que se encuentran en condición de alta médica "una modalidad adecuada para su rehabilitación y reinserción social, en el término de 60 días de alcanzada la aludida circunstancia".

En los próximos cuatro meses se deberá cumplir con el traslado al Hospital Ragone de los 40 pacientes varones que aún se encuentran internados en la Colonia. Además, se deberá informar sobre los pacientes internados sin intervención judicial cuya internación supere los 30 días. En la historia clínica de los pacientes internados por orden judicial, se deberá consignar el Juzgado que ordenó la internación y Asesoría de Incapaces interviniente, incorporar todas las órdenes y disposiciones judiciales relacionadas al ingreso, egreso, salidas, permisos, entre otros, que estén vinculados al paciente e informar al juez en el término de los primeros 7 días sobre su situación.

Luego, se deberán remitir informes actualizados cada 60 días, y comunicar en forma inmediata cuando el paciente se encuentre en condiciones de alta médica, o todo acontecimiento extraordinario que lo involucre.