El miércoles vence el plazo de 10 días hábiles que tiene el fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, para presentar los argumentos de su defensa tras el pedido de jury que le inició el senador radical Armando Camerucci. Pero mientras corren los tiempos legales del proceso y falta un trecho para que el tribunal decida desestimar la acusación o continuar con el juicio, los integrantes del Jury de Enjuiciamiento se encuentran envueltos en una guerra de interpretaciones y aparecen las primeras suspicacias del caso.

El punto de discordia es determinar un aspecto fundamental a la hora de las decisiones trascendentes: "la mayoría" necesaria para emitir un fallo, condenatorio o absolutorio.

En este sentido hay dos posturas antagónicas que se resumen en los pensamientos de Aldo Vinci, diputado demócrata y Juan Carlos Jaliff, senador del Confe. El primero sostiene que "se necesitan 12 votos como mínimo para emitir un fallo", en tanto que el cobista afirma que la resolución se puede obtener con 11 miembros a favor.

El artículo 165 de la Constitución mendocina y el 44 de la ley 4970 que reglamenta el proceso del jury indica que la decisión del tribunal será "por votación nominal y por mayoría de votos de la totalidad de sus miembros".

Para Vinci, si bien la letra legal es tajante, deja abierto un interrogante ¿Cuál es esa mayoría? "La ley no da un número, entonces solicitamos que se defina cuál es ese número, cuántos son los votos que se necesitan", indicó el legislador.

Las interpretaciones encontradas surgen a causa de la conformación (impar) del tribunal. El Jury está conformado por 21 miembros: los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia, siete diputados y siete senadores.

"La mitad de 21 son 10 y medio y la mayoría sería una persona más, es decir, 11 y medio y como no hay ?media persona'(sic) esa fracción se lleva para arriba, al 12, y no para abajo", sintetizó el demócrata quien aclaró que su visión está en consonancia con el oficialismo. "Con los miembros del oficialismo pensamos lo mismo y estoy seguro de que se va a compartir mi criterio", argumentó. Para sustentar esa postura, Vinci se remite a un proyecto de ley impulsado por la ahora ex ministro de la Suprema Corte, Aída Kemelmajer de Carlucci. En 2000 la magistrada intentó reformar la ley 4.970 especificando que la mayoría se componía con la voluntad de 12 miembros. La iniciativa nunca prosperó en la Legislatura.

Ante esta visión, Jaliff retrucó: "Están reinterpretando las matemáticas. La Constitución habla de mayorías y no mitad más uno. Y 11 es mayoría, porque el resto no puede revertir esa decisión. Es algo simple: 11 es mayor que 10".

Un integrante del jury, con varios años ocupando ese lugar comentó que "el jury ha venido funcionando con 11, ya sea para correr traslado al acusado y también para resolver" y luego fue un paso más allá del aspecto meramente legal para instalarse en el plano político. "Es evidente que este nuevo criterio beneficia al fiscal de Estado", disparó.

Para el denunciante, que se discutan estos temas "es poco serio" y pidió que "no se manosee". "Siempre entendí que la mayoría eran 11", remarcó Camerucci.

Para dirimir este conflicto, el tribunal sesionará el jueves a las 11 de la mañana y la resolución quedará sujeta a la voluntad del cuerpo, es decir a una votación.

El caso

El fiscal de Estado llegó a este proceso por haber desistido de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la Provincia contra el decreto 699/10 firmado por la presidenta Cristina Fernández, por el que se extendía por 15 años la promoción industrial en las provincias vecinas. El desistimiento fue realizado como parte de una negociación del gobernador Celso Jaque con la Casa Rosada, por la que se incluiría a siete departamentos de Mendoza en la promoción y se otorgaban beneficios especiales a los otros 11.

El decreto ampliatorio de la desgravación impositiva nunca fue publicado por lo que no tiene valor, pero la demanda ya fue retirada por Mendoza. Ésta es el causal por la que el Frente Cívico presentó su caso contra De Rosas el 12 de octubre pasado. Una vez que el fiscal cumpla con su descargo, el jury tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para evaluar el tenor de la respuesta y dictaminar: desestimar la acusación o continuar adelante con el juicio.

Sin antecedentes

Más allá de la discusión, no se trata simplemente de una pelea por un número más o menos; la situación no es para nada simple. Todos los consultados coincidieron en destacar la excepcionalidad del caso. "Nunca se ha dado que sea un fiscal de Estado al que se enjuicie", comentaron. Además, hay que sumarle que De Rosas lleva sólo 5 meses al frente de la Fiscalía luego de obtener el acuerdo de la Cámara alta. Por último, lo más importante: el caso puede golpear fuertemente en el corazón del Ejecutivo. Jaque hizo un anuncio "histórico" que no se cumple, y encima está en riesgo la continuidad del fiscal designado por él, a causa de una negociación en la que el mandatario fue el único gestor.