Dos años después, finalmente el intendente Juan Jure firmó el decreto que le pone fecha a la prohibición de la venta ambulante en la ciudad. Desde el 1º de septiembre, es decir dentro de 12 días, no podrán realizarse actividades comerciales en la vía pública, según se lee en el decreto 1085 que acaba de ser publicado en el Boletín Oficial.

La medida había sido anunciada en julio por Gabriel Abrile, secretario de Salud, Deportes y Desarrollo Social. Sin embargo, desde el 10 de junio de 2011, cuando se aprobó la ordenanza 1104 que regula la venta callejera, el gobierno había advertido que sacaría los puestos de la vía pública pero nunca había avanzado. Ahora, la decisión es oficial y formal: está el decreto y ha sido publicado en el Boletín Oficial.

“Fíjase el 1 de septiembre de 2013 como fecha para la entrada en vigencia de la prohibición establecida en el artículo 5 de la ordenanza Nº 1104/11 -prohibición de realización de actividades comerciales en la vía pública en puestos fijos, semifijos con instalaciones desmontables, con excepción de los puestos de kioscos de diarios y revistas previstos en la ordenanza Nº 647/86”, dice el decreto de Jure.

Por lo tanto, el intendente da por cerrada toda etapa de adaptación a la ordenanza y avanza en la prohibición. Desde 2011 a la fecha el gobierno ha probado con la reinstalación de los puesteros -se abrió la feria El Progreso- pero los resultados no fueron los esperados. Según un estudio de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), en la ciudad hay 52 puntos de venta callejera, lo que representa un comercio informal cada 2.972 riocuartenses.

La ordenanza que se aprobó en 2011 establecía la prohibición recién después de una serie de acciones; preveía, por ejemplo, el programa de relocalización para los puestos comerciales en la vía pública. Además, el Concejo fijó un mecanismo para controlar cómo se iba produciendo esa reubicación. Determinó que para el Ejecutivo era obligatorio informarle al Legislativo cómo se iba cerrando cada acuerdo con los puesteros y qué montos se definían como préstamos o subsidios para ellos. Es que para permitir el traslado a la feria El Progreso se había determinado que el Estado les haría aportes a los vendedores; así, les facilitaría la inversión inicial.

Ese proceso tuvo idas y vueltas pero jamás se reglamentó la prohibición de la venta ambulante. Ahora, el gobierno decidió avanzar después de que el juez de Conciliación Pablo Grassis avalara el comercio callejero, precisamente, por la falta de reglamentación de la ordenanza de 2011.

Grassis le dio lugar a la medida cautelar que presentó un grupo de vendedores que se sienten perseguidos por los constantes operativos de los inspectores y de la Policía.

A partir de ese fallo, hubo una reunión entre el Centro Empresario y el gobierno municipal. El Cecis le reclamó a Abrile la puesta en práctica de la ordenanza.

Después de ese encuentro, el funcionario municipal declaró que el Ejecutivo ya había cumplido con todos los pasos establecidos por la ordenanza y que sólo quedaba poner en práctica la prohibición.

La reglamentación que firmó el intendente alcanza a todos los vendedores, incluso los históricos. Las únicas alternativas que plantea el gobierno siguen siendo la Feria del Progreso, el paseo del Viejo Mercado y las ferias itinerantes que se harían todas las semanas en un barrio diferente de la ciudad.