Un informe elaborado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) revela que durante los primeros siete años de vigencia de la Ley Nº 9182, los tribunales integrados jueces técnicos y jurados populares dictaron 256 sentencias.

Según el estudio, 220 resoluciones fueron condenatorias en tanto que 36 fallos dispusieron la absolución de los imputados. Estos datos corresponden al período 2005-2012 e integran la primera parte trabajo titulado “Visión panorámica del Poder Judicial de Córdoba” (informe completo en el enlace Vínculos Relacionados).

De acuerdo con esta investigación, el año pasado se relizaron en toda la provincia 41 juicios con la participación de jurados populares, la misma cantidad que en 2011; en 25 debates se juzgaron casos de homicidio agravado, en 12 oportunidades se analizaron homicidios en ocasión de robo, y en cuatro debates se tramitaron causas elevadas por el Fuero Penal Económico y Anticorrupción.

Cabe recordar que la Ley 9182 dispone que los delitos económicos, los hechos de corrupción y los "crímenes aberrantes" sean juzgados, obligatoriamente, por un tribunal integrado por tres jueces técnicos y ocho jurados populares.

Los jurados deciden, junto a los magistrados, sobre la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad penal del imputado. En cambio, no intervienen en las cuestiones de índole estrictamente jurídica tales como la calificación legal del hecho y la determinación del monto de la pena.

En cuanto al costo que supone la realización de los juicios por jurados, el informe del Centro de Estudios y Proyectos asegura que durante el año 2012 el Poder Judicial de Córdoba erogó, en promedio, 20.840 pesos por cada debate celebrado con la participación de jurados populares.