Según Gutiérrez, la forma en la que el Poder Ejecutivo inició las acciones por inconstitucionalidad de la designación de los jueces del STJ no es procedente al caso, recalcando que frente a las causales que estipula la Ley, la única forma de destituir a jueces del Superior Tribunal de Justicia es mediante el juicio político. El magistrado manifestó que los jueces Ávalos, Franco y Toledo fueron designados acorde indica la Constitución Provincial, y que en su momento no hubo ninguna impugnación. Por lo que, “13, 14 años después” no pueden cuestionarse dichas designaciones.

En su opinión, el caso es “indudablemente” político, y representa un “ataque a la independencia del Poder Judicial”. Por otro lado aclaró que cualquier modificación que se pretenda sobre la legislación que marca la designación de jueces, una vez aprobada y reglamentada, siempre legisla a futuro y nunca a retroactividad, por cuanto no puede afectar a los actuales miembros del STJ. Si bien se mostró confiado en que no prospere la acción presentada por el Ejecutivo este lunes, dijo que si sucede “será un ataque al estado de Derecho, y de gravedad institucional”.

En la misma oportunidad agarantizaron todo el apoyo, en pos de continuar “defendiendo la institucionalidad e independencia de los Poderes Judiciales”, y reiteraron la necesidad de que cada poder del Estado se mantenga “dentro de sus competencias”.

FRANCO: “QUEREMOS EVITAR EL QUIEBRE PARA PODER CONTINUAR”

Lo manifestó el ministro del STJ Ricardo Franco, quien no negó sentirse mal ante la “injusticia”, aunque seguirán intentando evitar un quiebre con el Poder Ejecutivo para que el Poder Judicial pueda continuar sus causas normalmente. “Independientemente de molestar por la injusticia que se esta llevando a cabo, el ánimo decae de alguna forma, porque en mi caso, de 31 años en la justicia del Chaco, 12 años en el Superior Tribunal, no tenemos una sola llamada de atención”. Y agregó: “esta barbaridad nos hace sentir mal”.

AVALOS: “ESTA ES UNA AVENTURA CON UN ALTO COSTO”.

Esa fue la perspectiva del doctor Ramón Ávalos, considerando lo actuado por el Estado Provincial como un “despropósito jurídico”, al que no le han medido las consecuencias. “Pero alguien deberá hacerse cargo si sale mal, porque va a salir mal”, indicó, y preguntó si se hará cargo “el ministro de Gobierno, que le gusta hablar tanto y mal”. Para Ávalos esto es una aventura con alto costo, y recalcó: “¿qué va a pasar con las sentencias que firmamos?; ¿el que perdió va a aceptar mansamente, o va a reclamar al Estado?.

Por último, reiteraron las presentaciones que harán frente a la Comisión de Independencia creada en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presidida por las doctoras Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay y representantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Federación Argentina de la Magistratura y la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, y ante el Relator de las Naciones Unidas.