El ex intendente y cinco de sus funcionarios habían sido denunciados por "malversación de caudales públicos".
Tanto Sommer como el Fiscal de la causa, Manuel González, analizaron la denuncia efectuada a mediados de 2008 por la actual gestión de gobierno por traspaso de fondos públicos de tres subcuentas a la cuenta oficial sin autorización del Concejo Deliberante, y por un presunto faltante de rendición de cajas chicas por el valor de 9 mil pesos, ocurridos en 2006.
Herrera, el ex viceintendente Carlos Corazini y los ex secretarios de Hacienda Fabián Zuñiga, Aladino Altamirano, Patricia Loillet y la contadora Mutisia Nestares debieron prestar declaración explicativa, y con la documentación presentada, la Justicia determinó que “en cada caso cumplían con el uso de herramientas legal-contables para garantizar registro y transparencia de cada uno de los movimientos y sus reintegros a las subcuentas originales, método que además no fue objetado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, por lo que los denunciados no constituyeron dolo alguno.
Investigación
El magistrado consideró además que de las ordenanzas esgrimidas por los denunciantes para fundamentar el supuesto delito de malversación, “tampoco surge la obligatoriedad de solicitar autorización al Concejo Deliberante para realizar movimientos de fondos ante situaciones político-económicas específicas, siempre y cuando sean restituidas a las cuentas originales, como ocurrió en los hechos investigados.
Asimismo, el juez destaca que esos movimientos son práctica habitual en los municipios, incluso en las gestiones del gobierno “antecesor y sucesor” al de Herrera, y ambos, tanto el anterior como el posterior corresponden a períodos encabezados por quien se constituyó en denunciante, Campos.
La sentencia, emitida el 9 de febrero pasado, sostiene que las “actuaciones se enmarcan en el contexto de un conflicto político que se produce en torno al cambio de gestión de gobierno, que involucra a las autoridades del Ejecutivo municipal entrante y saliente, denunciante y denunciado, como de los miembros del Concejo Deliberante”.
Finalmente, también sobreseyeron a Herrera y Altamirano por la supuesta malversación de 9 mil pesos de cajas chicas, al haberse presentado copia de las actas de rendición, las que ya existían en el Municipio, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas al momento de realizarse la denuncia.
El juez destaca que estas “ acciones penales por presuntos hechos que concluyen con el sobreseimiento de los imputados producen gran dispendio jurisdiccional, aparejado de sospecha delictiva sobre los funcionarios imputados que casi siempre toman dominio público, y que luego estos resultados que no prosperan legalmente pueden llegar a afectar el prestigio del servicio de Justicia”.
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