Más de media provincia -57 municipios- se encuentra en emergencia agropecuaria y graves pérdidas en la producción. Las declaraciones -que conceden beneficios impositivos a los productores afectados- fueron otorgadas por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario bonaerense (Cedaba) que encabeza el Ministerio de Asuntos Agrarios e integran las entidades rurales Carbap, FAA, Sociedad Rural y Coninagro. Con las nuevas declaraciones de emergencia y desastre agropecuario otorgadas este miércoles, más de la mitad de los distritos rurales de la provincia quedaron en esa situación debido al exceso hídrico acumulado en los últimos meses, situación que se agravó considerablemente en el sur bonaerense por las lluvias de las últimas semanas.

En un escenario que se complejiza aún más por las nuevas lluvias, Junín fue declarados en emergencia y desastre individual, por “inundaciones”, junto a otros seis nuevos distritos (Chascomús, Necochea, Balcarce, Benito Juárez, Maipú y General Viamonte).

De este modo, ya suman 57 los municipios en esa situación, es decir, más de la mitad de los 106 que tienen producción rural de importancia.

Las declaraciones -que conceden beneficios impositivos a los productores afectados- fueron otorgadas por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario bonaerense (Cedaba) que encabeza el Ministerio de Asuntos Agrarios e integran las entidades rurales Carbap, FAA, Sociedad Rural y Coninagro.

Pérdidas

Sólo en Tres Arroyos, y de acuerdo a un relevamiento realizado por el municipio en conjunto con el INTA, hacia la región costera del distrito las pérdidas alcanzan el 40 por ciento de la siembra fina (trigo y cebada), mientras que hacia el norte superan el 10 por ciento. “Se trata de 25 mil hectáreas de cebada y 35 mil de trigo, con un valor y un costo de oportunidad que llega los 58 millones de dólares en pérdidas”, explicó el secretario de Producción municipal, Juan José Etcheto.

En tanto, el titular de la Sociedad Rural local, Eugenio Simonetti, consideró que las pérdidas superarán ampliamente esos valores porque el informe corresponde sólo al sector agrícola y no al ganadero. “Los animales se están enfermando y siguen pariendo bajo al agua”, señaló, al tiempo que advirtió sobre el rendimiento al asegurar que “no sabemos cómo van a evolucionar los cultivos que se salven por la falta de nitrógeno”.

En Coronel Dorrego, el problema más grave es el anegamiento de los caminos por donde sale la producción, indicó el presidente de la Rural local, Guillermo Irastarza. “Los campos en Dorrego casi no tienen agua adentro, pero se dificulta la llegada por el mal estado de los caminos”, agregó.

Por su parte, el secretario de la Sociedad Rural de Necochea, Alberto Berrini, dijo que “el 30 por ciento de los campos del partido se encuentran anegados”. Y agregó que a algunos establecimientos sólo es posible acercarse en avión y no hay maquinaria disponible. “Se necesitarán varias semanas de sol y viento para poder trabajar”, finalizó.

Nuevas declaraciones

La Cedaba declaró el miércoles la emergencia agropecuaria en el distrito de Chascomús; la emergencia y/o desastre agropecuario en Necochea, Balcarce, Benito Juárez y Maipú; y la emergencia y/o desastre individual (por listado de productores) en General Viamonte y Junín. Todas estas declaraciones regirán retroactivas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre.

Además, amplió la declaración a la categoría de desastre para las parcelas que aún estaban en emergencia en los partidos de Gonzales Chaves, San Cayetano y General Alvear, por lo que esos distritos quedaron íntegramente ahora en desastre.

Los productores de los distritos declarados en emergencia y/o desastre deberán presentar ahora una declaración jurada para determinar en qué categoría de afectación quedan comprendidos. La emergencia agropecuaria –con entre el 50 y 79 por ciento de afectación- permite prorrogar el pago de impuestos como el Inmobiliario Rural (IIR) y los vencimientos crediticios con el Banco Provincia. Para los chacareros declarados en desastre -con afectación superior al 80 por ciento-, se prevé la eximición del pago del IIR y la prórroga de obligaciones con el Bapro.