Mendoza se incorporó al mapa de los juicios por delitos de lesa humanidad recién el año pasado. Fue un tiempo cuando hubo dilatamiento y demoras inexplicables.

En Cuyo el primer paso lo dio San Luis, mientras que San Rafael fue el escenario elegido por el Tribunal Oral N° 2, presidido por Roberto Burad, para llevar a cabo, desde julio de 2010, el primer debate en la provincia.

Fueron cinco los imputados, pero sólo cuatro recibieron condenas. Uno, José Musser, murió antes del fallo, que se dio a conocer cuatro meses después. El militar Aníbal Guevara y los ex policías Raúl Ruiz Soppe y Juan Labarta, fueron condenados a la pena máxima, mientras que Raúl Egea fue condenado a 8 años de cárcel, lugar donde todos deberán purgar las penas.

Mientras tanto en la ciudad de Mendoza, el 17 de noviembre del año pasado se abrió el debate, por parte del Tribunal Oral N° 1, a cargo de Juan Antonio González Macías. Los imputados son: el ex coronel Tamer Yapur (hoy con su salud muy comprometida) y que hace 35 años se convirtiera en interventor de la Provincia y los ex militares Paulino Furió; Mario Lépori y Dardo Migno.

También están como imputados los policías Juan Agustín Oyarzábal, Eduardo Smaha, Celustiano Lucero y Luis Alberto Rodríguez Vázquez. El general Juan Pablo Saá fue separado del debate y falleció poco después, mientras que por prescripción médica se dejó fuera del juicio al comisario retirado Armando Fernández.

Hasta hoy se han realizado 38 audiencias y en ellas se han escuchado relatos de torturas, violaciones y golpes, concretados en los tristemente célebres calabozos del D2, del Palacio Policial y en otros lugares de encierro como en el penal mendocino, el Comando de Infantería o el Liceo Militar. Viajes inhumanos en avión hacia otros centros de detención. Muchos fueron testigos directos de ese horror y ahora pudieron decirlo de cara al Tribunal; otros continúan en calidad de desaparecidos.

Este juicio se extenderá hasta mediado de año, previendo que pueda terminar "antes de la feria de julio", según confió el presidente del Tribunal. Después podría comenzar otro juicio en este mismo escenario, mientras que en San Rafael, antes de fin de año, se ventilará la desaparición del joven Héctor Aldo Fagetti, el 25 de febrero de 1976 y por la cual el ex juez federal de San Rafael, Raúl Acosta, pidiera la detención de María Estela Martínez de Perón a España, trámite que al final no prosperó.

Pero además estos juicios en Cuyo tuvieron otros condimentos que golpearon hasta el extremo de que se hablara de crisis dentro de los Tribunales Federales. Jueces que anticiparon su alejamiento, como Carlos Pereyra González, ante la denuncia de haber presenciado a una joven torturada y cuyo cuerpo después apareció enterrado en San Luis.

Otros fueron separados del cargo por el Consejo de la Magistratura, como Luis Miret, mientras que su par Otilio Romano se encuentra procesado penalmente por no haber investigado hechos durante los años '70. Mientras tanto una nueva conformación de la Cámara Federal de Apelaciones ya ha puesto a consideración de los jueces casi un centenar de causas (que podrán terminar en debates), que se encontraban acumuladas desde hace un par de años.