Con este fin se utilizará la modalidad de bolillero, al que serán ingresados los últimos tres números del documento de identidad de todos los bonaerenses mayores de 21 años y menores de 75 que sepan leer y escribir, y que sean argentinos nativos o naturalizados con no menos de cinco años de ciudadanía. El cuerpo estará integrado por doce ciudadanos, seis mujeres y seis hombres, aptos física y psíquicamente para la función, que no estén procesados por ningún delito, no sean funcionarios públicos ni abogados y su misión será la de evaluar las pruebas y decidir si el imputado a quien se juzga es culpable o inocente, mientras que la condena será dictada por el juez.

De acuerdo a lo que indicaron las autoridades, quien resulte sorteado para enjuiciar imputados en delitos de más de 15 años de prisión, tendrá “una carga pública” por lo que “están obligados” a formar parte del tribunal que, en algunos casos, al final del proceso recibirá una suma de dinero por las horas que le dedicó al juicio. Si bien en el caso de empleados de carácter público o privado los jurados no percibirán ninguna retribución económica pero estarán excusados de ir a trabajar y será obligatorio para el empleador el pago del salario, la persona que trabaja de forma independiente, podrá ser retribuida con la suma de dos jus (unidad arancelaria de la Justicia) diarios, es decir, cobrará por día de función $580, independientemente de lo que perciba habitualmente por un día de trabajo.

Quienes resulten sorteados recibirán una carta que deberán responder con una declaración jurada y, a partir del entrecruzamiento de datos de las distintas dependencias de la administración, se considerará si reúne las condiciones necesarias para ser jurado.

Ahora bien, según el domicilio del ciudadano que salió sorteado, su función como jurado se enmarcará en el departamento judicial correspondiente, por lo que muchas veces deberá recorrer distancias para acudir a las audiencias. Y en muchos casos estas pueden extenderse a lo largo de meses.