Se trata del primer proceso por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar que se realiza en Mendoza.
Hasta la tarde de este martes se extendieron los alegatos de las distintas defensas de los imputados. Fue el abogado Ramiro Dillon, defensor del ex policía de la D2, Juan Labarta, y de quien fuera abogado de la fuerza en aquélla época, Raúl Egea, quien pidió la nulidad debido, entre otros puntos, a la falta de acusación, la afectación del principio de congruencia, dado a que, según dijo, se amplió el requerimiento de elevación a juicio sin que hayan surgido nuevos hechos y sin que sus defendidos hayan sido indagados por ellos. Además, en el caso de Egea, señaló que el delito atribuido de falsificación de documento público no está establecido en el estatuto de Roma como delito de lesa humanidad, por lo que ya prescribió.
“Voy a pedir –dijo– la absolución por falta de acusación, en relación a Egea, por la extinción de la acción penal y porque no se han probado los extremos fácticos de la imputación, en relación a Labarta tampoco se han probado”. El martes, ya los abogados del entonces teniente Aníbal Guevara y del ex comisario Raúl Ruiz Soppe habían pedido la absolución.
Dillon dedicó parte de su alegato a desarticular las teorías dogmáticas que utilizó la parte acusatoria (como la teoría de los roles o del dominio del hecho) señalando que “la manera de explicar desde lo general lo particular, que se olvida del hombre común, es también una posición cómoda, es mucho más fácil explicar desde un sistema dogmático una acción particular porque se evita la complejidad propia del acto”.
Luego de que finalizaran los alegatos, el tribunal estableció que el 16 de noviembre se leerá la sentencia en el primer juicio por desaparecidos en la dictadura militar en Mendoza.
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