En la causa que juzga los delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito de centros clandestinos El Atlético, Banco y El Olimpo, la querella pidió penas de prisión perpetua para cuatro represores, acusados de haber participado en dos homicidios y el robo de un bebé durante la última dictadura militar. El pedido de condena se hizo ayer, durante la primera audiencia de alegatos, y recayó en Carlos Alberto Roque Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601; Mario Alberto Gómez Arenas, ex segundo jefe de la Central de Reunión del Batallón; Enrique José Del Pino, capitán del Ejército, y el ex oficial del Servicio Penitenciario Federal Juan Carlos Avena.

Un megaoperativo en el que participaron fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía Federal irrumpió, el 11 de octubre de 1978, en el domicilio de Carlos Guillermo Fassano y Lucila Révora, en la intersección de las calles Avellaneda y Belén, en Floresta. La mujer estaba embarazada de ocho meses. Ambos fueron asesinados en lo que se calificó como un “enfrentamiento”. Los cuerpos sin vida fueron trasladados al Olimpo, junto con Eduardo Enrique de Pedro, hijo de Révora, de tan sólo un año y once meses. El operativo fue conocido como la Masacre de Belén.

La patota llegó a la casa luego de sacarle la dirección a una compañera de la pareja mediante torturas, buscando 150 mil dólares que los Révora Fassano guardaban como apoyo económico a los compañeros que se encontraban en la clandestinidad. Después de una lucha por el botín –que se dirimió a los tiros entre las fuerzas que participaron del allanamiento–, unos 20 mil dólares llegaron finalmente al Olimpo. En el enfrentamiento murió un efectivo de la Policía Federal. Avena y Del Pino cayeron heridos.

Las abogadas Elizabeth Gómez Alcorta y Valeria Thus representan a Eduardo Enrique de Pedro, que actualmente tiene 34 años. En diálogo con Página/12, Gómez Alcorta aclaró que la querella de su patrocinante es “únicamente por esos hechos”, en referencia a los dos asesinatos y la apropiación del menor. Los alegatos que comenzaron ayer continuarán durante dos meses. La abogada estimó que esa etapa culminará a fines de octubre. Si bien los cuatro imputados están siendo acusados por “homicidio con alevosía” por las muertes de Révora y Fassano, solamente Tepedino y Gómez Arenas fueron acusados por la “sustracción y ocultación” de Eduardo Enrique de Pedro, quien fue restituido a sus abuelos en enero de 1979.

Durante la audiencia, las abogadas querellantes pidieron a los jueces Tassara, D’Alessio y Garrigós de Rébori, miembros del Tribunal Oral Federal Nº 2, que los hechos denunciados sean calificados como genocidio. También exigieron cadena perpetua para los cuatro denunciados, que la pena se efectivice en unidades del Servicio Penitenciario Federal y no se les otorgue la prisión domiciliaria.

En el último tramo del alegato, además, solicitaron a los ministerios de Defensa y de Justicia que se les otorgue la baja del Ejército y del Servicio Penitenciario, porque “los acusados continúan cobrando sus haberes jubilatorios”. El juicio comenzó en noviembre del año pasado y abarcó 158 delitos de lesa humanidad por los que están siendo imputados quince represores, entre ellos el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y el ex comisario Samuel Miara.