A un joven trabajador -pintor de obra- le robaron su moto en las cercanías del Carrefour de avenida Del Valle. Eran poco más de las nueve de la noche y la había dejado en la vereda, a escasos metros de la puerta de la vivienda donde había ido de visita. Fue a la Seccional, realizó la denuncia y esperó con pocas expectativas el resultado de una investigación que se promete con el mismo automatismo que se usa para llenar un formulario. Una promesa que suena a despedida.

A los pocos días fue a la Seccional a ver si había novedad. Allí, extraoficialmente, le dijeron que informantes de la Policía habían visto una moto de esas características en la zona de Movediza. Acto seguido, le dijo que en esa zona opera un conocido ladrón de motos que además de recibirlas se encarga de retocarlas para volverlas a sacar a la calle. Que tratara de llegar hasta él y le preguntara, le sugirieron.

El policía le dijo a la víctima que tratara de entrevistarse con el ladrón. Una bizarría por donde se la mire, pero más común de lo que uno cree.

Efectivamente, el trabajador que buscaba su moto fue hasta la zona. Vio el lugar pero no se atrevió a bajar a preguntar. Otras fuentes le confirmaron la especie: allí vivía una persona que estaba en el negocio de las motos.

Lo conocía la Policía, lo conocían los vecinos. A partir de ese momento, también lo conocerá una de las nuevas víctimas que poco podrá hacer más allá de compartir la anécdota y la frustración.

Todo hace indicar que cada rubro de la delincuencia tiene sus referentes, sus circuitos de depósito, reventa o salida de la ciudad. Todo hace indicar, también que hay muchos que saben de ese entramado o por lo menos dicen saber. Lo cierto es que todo se queda en la anécdota.

En este marco, hablar de inversiones millonarias en tecnología y de incorporaciones masivas de personal policial parece una medida cara e insuficiente. Pero además de eso, una medida que seguirá alimentando una maquinaria burocrática que se vuelve más peligrosa cuando más grande se hace.

En Río de Janeiro esperan el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas. Saben que no pueden recibir a una multitud y dejarla a merced de las redes de delincuencia organizada que operan en las favelas céntricas y aledañas. Tiene un año para controlarlas.

La mayor inversión se hizo en inteligencia. El primer paso que tuvo que dar la Policía fue “conocer” el circuito del narcotráfico para poder desbaratarlo, establecer un mapa de conexiones, un organigrama de responsabilidades.

En Tandil pareciera que ni siquiera hace falta tanto. Al parecer la tradicional costumbre del “soplón” alcanza para saber quién podría haber estado implicado, quien anduvo buscando un “caño” ese día, dónde guardarían las cosas saqueadas y a quiénes se las entregan para la venta. Porque una cosa es cierta: los tandilenses compran gran parte de lo que se roba, alimentando un círculo vicioso del que nadie se quiere hacer responsable después. Una hipocresía más.

La pregunta del millón es: si se sabe quién roba, pero sobre todo quién vende ¿por qué no se actúa? Si se actúa en algunas ocasiones “cuando las papas queman” ¿por qué no se hace siempre? La pregunta del segundo millón es si el poder político, en este caso municipal, sabe a ciencia cierta que la Policía, efectivamente, no es parte necesaria o condescendiente de este circuito de bienes personales que pasan de un tandilense a otro previo paso por las manos de un ladrón que genera recursos inescrupulosos no solo para él. Si el Municipio, como responsable del poder político, sabe lo que sabe la Policía y no siempre pone a disposición de la resolución de un delito.

Es cierto que la Policía carga con una historia poco honrosa en materia de hacer “inteligencia”. Durante décadas, la inteligencia en el país espió a más universitarios que delincuentes (aunque podrían coincidir ambos universos en algunos casos). Pero, ahora, cuando se habla de policía comunal, se está abriendo una puerta a la posibilidad de que el poder político sea el socio indispensable para conocer el circuito que se quiere desbaratar, un circuito que resiste porque beneficia no solamente a los que ponen la mano de obra para los robos.

A esta altura de los acontecimientos, sumar policías y patrulleros parece una medida que tenderá a favorecer la burocracia policial. Y cuando más grande es ese sistema, más riesgos de corromperse tiene porque su misma permanencia y sostén generan recursos, bien y mal habidos.

Una alternativa más económica y más eficiente parecería ser la que se requiere para conocer lo que se quiere combatir, cómo opera, por qué circuitos y que lazos de corrupción dentro de la fuerza policial o dentro del poder político lo sostienen. El resto es actuar a ciegas, donarle gallinas al zorro que vive en el gallinero.

Invertir millones en cien cámaras puede parecer una respuesta urgente y enérgica a la demanda de seguridad que pide la sociedad, pero no tendrá los efectos que se persiguen. Ninguna cámara ni botón antipánico evitará que se liberen zonas ni que se protejan los delincuentes que trabajan a porcentaje. Es cierto que las medidas tomadas por el Municipio no se agotan en las cámaras de seguridad; que hay otras y que son positivas, pero la medida de fondo no se ha tomado todavía: jugar en el terreno de la Policía.