A través de un documento la entidad manifestó que "habiendo tomado conocimiento la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del anuncio público efectuado el 23 de diciembre de 2009 por el gobernador de la Provincia del Chaco, del dictado de un decreto por cuyo artículo 1º se instruye al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo para que formule un plan integral de acciones que contemple los mecanismos políticos, institucionales y legales apropiados, a fin de declarar la inconstitucionalidad, nulidades de las propuestas, decretos de designación y las normas que sirvieron de sustento y fundamento para los nombramientos de los jueces del Superior Tribunal de Justicia, doctores Ramón Rubén Ávalos, Ricardo Fernando Franco y Rolando Ignacio Toledo, con cita de los artículos 158, 167 y concordantes de la Constitución Provincial; y por su artículo 2º establece que deberá instrumentarse los proyectos de ley destinados a que las futuras designaciones de los jueces del Superior Tribunal de Justicia se realicen ineludiblemente conforme lo establece la Constitución Provincial por concurso de oposición y antecedentes, se entiende y estima necesario realizar la siguiente:

El decreto mencionado desconoce la inmunidad jurisdiccional e inamovilidad funcional que tienen los jueces del Superior Tribunal de Justicia del Chaco en virtud de los artículos 53,59,60 y 110 de la Constitución Nacional vigente y de los artículos 120, 154 y concordantes de la Constitución Provincial, que garantizan que dichos magistrados solamente pueden ser sometidos a proceso judicial previa destitución de los mismos mediante juicio político, o cuando hayan cesado en sus funciones por cualquier otra causa, máxime cuando se invocan cuestiones que son anteriores a sus respectivas designaciones y que ya han sido rechazadas en un juicio político que se tramitara con anterioridad ante la Cámara de Diputados del Chaco (Expte 1017/06), por lo que rige la prohibición derivada del non bis in idem (artículo 18 de la Constitución Nacional, artículos14,23 y concordantes de la Constitución Provincial).

El cambio de legislación que se proyecte o se sancione y promulgue modificando el sistema normativo por el cual se designaron los tres jueces del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, por el principio de estabilidad, solamente podrá regir para el futuro para aquellas personas que sean designadas por el nuevo régimen, pero nunca puede aplicarse con retroactividad, en perjuicio de aquellos".

Además el documento enfatiza que "viéndose afectada la independencia del Poder Judicial y el principio republicano de gobierno, sustento del sistema federal, daremos intervención a la Comisión Permanente de Justicia que funciona en la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Finalmente, la JUFEJUS solicita "muy respetuosamente al Poder Ejecutivo provincial una nueva apreciación de la cuestión, con base en la mesura, respeto a la seguridad jurídica y a la credibilidad de las instituciones", concluyeron.