También insiste en seguir juzgando materia ajena a su competencia
El caso sucedió en la localidad bonaerense de Alberti. La doctora Jorgelina Irurtía desconoce la vigencia de la reciente y polémica ley 14.050, sancionada por la legislatura bonaerense, y en vigencia desde noviembre de 2009, que reglamenta el funcionamiento de discotecas, restaurantes, cantinas, cervecerías, cafeterías, bares, casinos bingos y salas de juego. Esa normativa, que fija hasta las 4,30 el horario para vender bebidas alcohólicas, y las 5,30 para el cierre, derogó la 12.588 y toda norma que se le oponga, a la vez que dispuso que "las Municipalidades deberán adecuar sus reglamentaciones locales a las previsiones de esta Ley". Además, estableció para el juzgamiento de las infracciones el procedimiento previsto en el Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, Decreto-Ley 8.031/73, conocido como de faltas "policiales".
Sin embargo, la jueza no solo insiste en juzgar los horarios aplicando el procedimiento del Decreto Ley 8.751/77, sustrayéndole los casos al Juzgado de Paz de esa ciudad sino que también insiste -en nota al Concejo Deliberante, pero que difundieron los medios de prensa ayer- en aplicar la Ordenanza 965, sancionada en 1998, y un inconstitucional Decreto reglamentario por el cual se arroga facultades legislativas el intendente Leonel Zacca, del año 2.010, y que se opone a la letra y espirítu de la ley 14.050.
Desde hace unos meses, el conflicto se presenta con el bar y pizzería GIU, propiedad de los hermanos Ignacio y Andrés Arruvito, único comecio clausurado por esa legislación local y para el que rige el horario de cierre a las 2 de la madrugada. Los restantes bares y la bailable Camila cierran sus puertas después de las 5,30 horas. La comunidad del pequeño pueblo de Alberti aún no sabe que la aplicación rigurosa de su legislación haría de la localidad un cementerio, y los jóvenes emigrarían a ciudades vecinas.
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