Romero, su hijo Juan Esteban y otros funcionarios de su gestión enfrentan siete causas penales por presuntos delitos de fraude inmobiliario en perjuicio de la provincia -el más grave por "asociación ilícita"-, y pese a que una ley nacional lo permite, todavía no ha sido indagado.

Tampoco Romero no se acercó a los tribunales para explicar su actuación en los casos que se le imputan.

Hasta el momento, la Corte, primero con cinco de sus jueces y luego con el tribunal en pleno, resolvió en dos resoluciones que Romero sea investigado por tres jueces. Segun fuentes judiciales, la resolución se contradice con lo dispuesto por los artículos 38 y 39 del Código Procesal Penal salteño, que permiten acumular causas penales para que el imputado sea investigado por un solo juez.

En numerosos fallos, esta Corte revalidó la acumulación de causas como un recurso legal para una "mejor economía procesal".

En la causa inicial, conocida como La Ciénaga, el juez Pastrana investiga a Romero, a su hijo Juan Esteban, su tía Hermelinda Romero de Ramírez, Rubén Fortuny, Carlos Abeleira, Lucas Amado, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y José Luis Agustoni. Todos por el presunto delito de "peculado".

La operatoria

En esta causa Romero y los otros imputados están acusados de la venta irregular de 90 hectáreas que fueron adquiridas por la provincia el 5 de junio de 1998, según decreto Nº 1297 firmado por Fernando Zamar como gobernador interino, y en el que se acepta como pago de tercero por la deuda que mantenía la firma Import S.R.L. con el ex Banco Provincial, una fracción de terreno ubicada en finca La Ciénaga.

En ese decreto, en el artículo 5, se estableció que las 90 hectáreas ingresaban al patrimonio de la provincia a fin de ser destinadas al Programa de Familia Propietaria.. La operación, avalada por el ex escribano de Gobierno, Víctor Manuel Brizuela, se formalizó mediante escritura 2.631 del 15 de julio de 1998, en la que se consignó la operatoria de compra-venta por 1.100.000 pesos, en paridad con el dólar.

En el año 2004, cuando el dólar se cotizaba a 2.91 pesos, esa propiedad alcanzó un valor de 3. 201.000 pesos. No obstante, y según la acusación penal, el gobierno de Romero autorizó la entrega de las 90 hectáreas como pago por una suma de 460.000 pesos a José Luis Agustoni, mediante escritura pública de fecha 16 de febrero de 2004, interviniendo en la operación la ex escribana de Gobierno, Laura Inés Wayar,.

A los meses, el 4 de junio, el terreno fue vendido por Agustoni a María Cecilia Pérez de la Fuente, en carácter de compra en comisión para la sociedad Prados de Atocha S.A.

La operatoria, según consta en escritura 107, fue autorizada por la escribana Wayar, pero esta vez lo hizo como particular. Dos años después, la misma escribana confirma la operación inmobiliaria.

En el año 2009, más precisamente el 19 de noviembre, las 90 hectáreas son transferidas a Estancia El Carmen S.A: por la suma de 100 mil pesos, operatoria que fue suscripta por el escribano Brizuela.

Al indagar sobre esta nueva firma propietaria, la promoción penal estableció que se trata de una empresa dirigida por Juan Esteban Romero, hijo del ex gobernador, junto a Marcelo Romero y Rodrigo Marcuzzi, cuya sede es la misma que Horizontes S.A, editora del diario El Tribuno.

Al analizar las actuaciones, la fiscal Loyola concluyó que existió una maniobra delictiva de parte de Romero y los otros imputados para quedarse con las 90 hectáreas de La Ciénaga no sólo a un bajo precio, causando con ello un perjuicio doble al Estado.

Primero porque no se utilizó el terreno para lo que originalmente se dispuso, de dar solución habitacional, y segundo por que se vendió la propiedad a un bajo precio, perdiendo el estado una suma aproximada a los 2.700.000 pesos.

La acusación penal sostiene que todo esta maniobra se llevó adelante con el fin de apropiarse de un terreno, incluso a sabiendas de que adquiriría un gran valor una vez terminada la autopista proyectada por el mismo Romero durante su gestión de gobierno, razón por la cual posteriormente, se le achacó al senador nacional y sus familiares y ex funcionarios el delito de "asociación ilícita" que establece penas de hasta 10 años de prisión.