A principios del mes de julio y debido a las malas condiciones edilicias y la falta de alimentos y medicamentos, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Mar del Plata decidió prohibir el ingreso de más presos al penal de Batán.

La Justicia marplatense decidió tomar esta medida luego de ratificar las denuncias que sobre las condiciones de vida de los reclusos. En su sentencia, el tribunal estableció además por unanimidad que los 270 detenidos que no pertenezcan a los departamentos de Mar del Plata, Necochea y Dolores sean trasladados a otros establecimientos de la provincia.

Los jueces Walter Dominella, Marcelo Madina y Adrián Angulo, de forma unánime avalaron el recurso de los defensores oficiales y dispusieron por un laso de sesenta días que no se autorice ningún ingreso al complejo carcelario de Batán.

Cumplido el plazo, el juez Marcelo Madina ratificó que los inconvenientes persisten y que no hubo mayores respuestas por parte del Ministerio de Justicia.

“Los 60 días se cumplieron el 8 de septiembre. La medida fue apelada por el ministerio de Justicia y eso abre un impasse para que defina la Cámara de Casación”, comenzó explicando el magistrado.

Tras aclarar que “el número de internos se mantiene ya que esta en unos 980 internos”, Madina confirmó que esta semana se realizó una nueva inspección a la cárcel de Batán y la situación no varió en nada.

“Con la cuestión alimentaria y sanidad hicimos una inspección el lunes pasado y los informes preliminares que tenemos son deficientes. Hay mucho faltantes en cuanto a la calidad y cantidad de los alimentos. Es algo que no fue reparado”, sentenció en diálogo con el periodista Bernabé Tolosa (Radio 10).

Al respecto dijo que “habrá que intimar nuevamente al Ministerio de Justicia para que cumpla con los recaudos alimentarios mínimos e indispensables. Frutas, legumbres y lácteos hace un año que no recibe el complejo de Batán. En tanto en la Unidad 44 faltan insumos para cocinar como la sal, aceite, sal fina, etc.”.

Madina también informó que “resta determinar que se hará con las 270 personas que pertenecen a otros departamentos judiciales”, los cuales aun no fueron reubicadas como dispuso la Cámara de Apelaciones y Garantías.

El magistrado graficó la situación de la Unidad Penitenciaria como Grave. “Es grave en materia de provisión de alimentos. Hay graves deficiencias en la distribución, calidad y cantidad. Además no hay un profesional que cocine. Un interno que tiene el oficio se encarga de la comida. Hay que proveer alimentación para unas mil personas con distintas particularidades y para ello se necesita un profesional que no esta. Las autoridades del Penal prestan colaboración, ponen a disposición el stock pero no pueden hacer magia ante la falta de insumos básicos y necesarios”, concluyó.