En una resolución firmada ayer el juez Armella exigió que en diez días se le presente un informe sobre los planes para desalojar del lugar a quince empresas que hoy ocupan un espacio ribereño que según el plan de saneamiento deberá ser un espacio verde, con la fecha límite exacta para terminar con esta parte del proyecto.

"Es indispensable" que se arbitren "los medios suficientes para llevar adelante las medidas necesarias para la liberación definitiva de dicha traza geográfica, sino además que impidan la realización de nuevas construcciones en ese espacio público, o reparación de las ya existentes, deterioramiento de terrenos, y/o cualquier tipo de obra o acción obstaculizadora de esa área", advirtió Armella.

El magistrado adelantó que "en caso de no respetarse las exigencias y plazos establecidos" de una manera "efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada" los funcionarios incurrirán "inmediatamente y sin más contemplaciones, en la responsabilidad correspondiente por mandatos específicos y determinados al incumplimiento a una orden judicial".

Armella resaltó en el fallo que si bien todavía falta para ejecutar la total liberación de la franja, en lo que refiere a provincia de Buenos Aires ya se desalojaron empresas de manera compulsiva y se coordinó la mudanza de otras, algo que aún no ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires.