Juez dispuso cautelar para suspender desalojo de 750 familias en Abasto: Amplio apoyo político

Juez dispuso cautelar para suspender desalojo de 750 familias en Abasto: Amplio apoyo político

El Juez Luis Arias dispuso una medida pre-cautelar para frenar el desalojo de 750 familias, el cual había sido dispuesto para este miércoles por el magistrado Pablo Raele, a raíz del pedido efectuado por un importante “estafador inmobiliario” de la ciudad con “complicidad” del Municipio, según se denunció. En una asamblea, concejales y legisladores manifestaron su apoyo al planteo vecinal.

La actuación interpuesta por el Juez Arias, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, dispone una medida pre-cautelar mediante la cual le ordenó al Poder Ejecutivo de la Provincia que “se abstenga de llevar adelante la orden de desalojo” para el predio de 520 y 214 de Abasto, donde hoy se alojan unas 750 familias.

Con ese dictamen, el juez busca poner un freno al desalojo que había sido dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de Pablo Raele, y que está previsto que se lleve adelante hoy, en los terrenos ubicados entre las calles 520 a 530 y 213 a 217.

Ante ese escenario, en un comunicado, las familias repudiaron el accionar judicial, que a través de la intervención que tomaron sectores inmobiliarios, falló contra la toma del terreno por parte de trabajadores de la zona que buscan un lugar donde poder construir su vivienda.

“De manera fraudulenta y maliciosa, una mafia que hace negociados inmobiliarios pretende usurparse de estos terrenos: en este caso el Estudio MATTIOLI. Estas mafias operan en todo el Gran La Plata con amparo de distintos sectores del Estado para quedarse con terrenos ajenos y aprovechan la necesidad y el Plan Pro.Cre.Ar, para hacer negociados”, sentenciaron los vecinos.desalojo_abasto_tierras

En un duro comunicado repudiaron que “la medida de desalojo impuesta por la justicia penal fue dictada en tan solo una semana y con la denuncia de un usurpador corrupto “flojito de papeles” fallan en contra de los que legítimamente necesitamos las tierras para vivir, violando el debido proceso y la defensa en juicio”.

Así mismo, repudiaron duramente al diario El Día, principal socio de las empresas de la construcción que hacen negocios inmobiliarios poniendo en riesgo el desarrollo sustentable de la ciudad.

En el marco del reclamo, esta noche los concejales del Bloque Nacional y Popular, Florencia Saintout, Guillermo Cara y Ludmila Kostiuk se acercaron al lugar para brindar su solidaridad con los vecinos, al igual que el diputado provincial del Movimiento Evita, Gustavo Di Marzio, y el Senador provincial FpV, Emilio López Muntaner, quienes bregaron por encontrar una solución pacífica al conflicto.

Vale recordar que la sala IV de la Cámara Penal platense, integrada por los magistrados Carlos Argüero, María Elia Riusech y Raúl Dalto, ratificó la semana pasada la orden para desalojar el predio. Fue después de que la Defensoría Oficial Nº 10 apeló la medida de primera instancia, al considerar que en las parcelas de Abasto no se registraron las situaciones que configuran el delito de usurpación.

abasto_desalojo_concejales_aEn ese contexto, este miércoles 6 se cumple el plazo legal de tres días hábiles desde que las partes fueron notificadas del desalojo, por lo que se espera que la Policía y Gendarmería procedan a sacar a las familias que ocupan los lotes por estas horas, a pesar del dictamen de Arias.

Según trascendió de fuentes judiciales, hasta hoy en la UFI Nº 2, a cargo de la fiscal Betina Lacki, no habrían recibido notificación alguna sobre la resolución de Arias, por lo que las próximas horas pueden ser decisivas.

Así lo entendieron dirigentes políticos y sociales de diversos sectores, quienes hoy se agolparon en inmediaciones a los terrenos para defender en el marco de una asamblea vecinal el derecho de los trabajadores de no ser reprimidos y que se inicie una instancia de negociación que les permita vivir dignamente en dichas tierras.

Es bueno resaltar que estas tierras se encontraban abandonadas y ociosas, ya que eran de una empresa en quiebra, TEXLEN, cuyos principales acreedores es el Estado y sus dueños han muerto, por lo que se deja expuesto el llamativo accionar judicial ante el expreso pedido de un grupo inversor.

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