El juez Rubén Aranibar de Orán decidió desconocer los reclamos realizados por el abogado Hernán Mascietti tras la situación que se generó en desmedro de la comunidad indígena guaraní de Río Pescado, entendiendo que el desalojo -realizado contra un particular que pagaba un arrendamiento-, fue correcto.
El desalojo fue dictado en contra de Walter Vega, quien habría contraído un contrato de arrendamiento con IGAMAR, la anterior titular registral de las tierras que se ubican en el kilómetro 25 de la ruta nacional 50. Los indígenas sostuvieron que no están bien informados del tema "ya que no pudimos ver nunca el expediente y ahora (Vega), se encuentra enfermo". Según se supuso, esa relación contractual habría sido absorbida por la empresa Río Zenta SRL al comprar las tierras. Zenta fue la que inició la demanda de desalojo contra Vega.
El hecho es que en ese predio, la comunidad realizaba trabajos de siembra y cosecha para subsistir. Al conocer del desalojo y la imposición de nuevos encargados de la Finca, resistieron dentro del predio María Isabel Pizarro, Rosana del Valle Pizarro, Orlando Enrique Brizuela, Elizabeth Mónica Torres y Sofía Laura González. La situación fue constada el miércoles por miembros de la Red por los Derechos Humanos de la Provincia de Salta, Ángel Rodolfo Metelski y Nélida Alicia Gómez de Metelski, a quienes se pide como testigos a favor de la comunidad.
Dentro de las tierras en las que se ordenó el desalojo, en tanto, "están todos los enceres de la comunidad". Pero los nuevos encargados de la Finca se habían llevado dos tractores de la comunidad. En el medio, el reclamo de la comunidad es que las plantaciones se encuentran en peligro y "será muy difícil recuperarnos" de las consecuencias de esta situación. El pedido fue de un accionar urgente del juez, "antes de perder todo lo trabajado y construido, ya que ya se quemó una casa en la que vivía Rosana del Valle Pisarro y también quemaron todas sus pertenencias".
A pesar de las presentaciones realizadas por Mascietti en estos últimos dos días, hubo negativas del juez a reconocer el reclamo de la comunidad y detener las acciones que se ejercen dentro del predio. Los indígenas no descartaron realizar cortes de ruta.
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