El gobierno de Irak advirtió al de Estados Unidos de que el fallo de un juez norteamericano, que desestimó los cargos contra cinco mercenarios de la firma de seguridad Blackwater por catorce asesinatos cometidos en 2007, "va contra los intereses" de Washington en Irak y en otros lugares. "El gobierno iraquí tomará las medidas necesarias para enjuiciar a Blackwater por el asesinato de 17 ciudadanos iraquíes el 16 septiembre de 2007 en Bagdad", anunció el portavoz Alí Dabagh. Sin referirse a los hechos, el magistrado dictaminó que el gobierno de EE.UU. violó los derechos de los mercenarios al permitir que en las investigaciones se usaran sus declaraciones, aunque que tenían inmunidad.

Durante los primeros años de la ocupación, Blackwater tuvo un contrato por casi mil millones de dólares con el gobierno de EE.UU. para proveer paramilitares entrenados para proteger delegaciones diplomáticas e instalaciones militares y civiles.

Los cinco agentes, Paul Slough, Nicholas Slatten, Evan Liberty, Dustin Heard y Donald Ball, abrieron fuego contra una multitud en la plaza Al Nasur de Bagdad, mientras scompañaban a una delegación del Departamento de Estado norteamericano. En el incidente murieron diecisiete personas, pero las pesquisas del FBI justificaron las muertes de tres de ellas porque representaban una "inminente amenaza".

Tras el tiroteo, que puso en evidencia la terciarización de la guerra y la presencia de más de 100.000 mercenarios a sueldo de empresas privadas contratadas por Estados Unidos, el gobierno iraquí suspendió la licencia de Blackwater, que acabó por perder su lucrativo contrato, aunque mantiene otros menores con el nombre de Xe Services.