Es el plazo aproximado que les dará AFIP para poner la diferencia con el 82%. La ley que hace falta va a Diputados este mes o el que viene.
La medida excepcional de la AFIP -el organismo que recauda los aportes jubilatorios- implica un gran avance para agilizar definitivamente el retiro de los jueces. Con el plan de cuotas, los magistrados que están en condiciones de irse tendrán lo que venían pidiendo: un plazo más amplio para poner el saldo de aportes -varía entre 50 mil y 200 mil pesos de acuerdo a cada caso- entre un régimen y otro. Además, significa un respiro para el Estado, que como patronal deberá hacerse cargo de la diferencia de contribuciones.
Con el problema financiero subsanado, sólo resta que la Cámara de Diputados apruebe el convenio que firmó la provincia con la ANSES eliminando el techo de 3.500 pesos y abriendo una vía para que los jueces locales se vayan con el 82 por ciento. Según las fuentes, la norma está casi lista y será enviada a la Legislatura a más tardar en los primeros días de junio.
El objetivo de fondo del convenio con la ANSES es promover un recambio de la magistratura envejecida, que no se iba porque no le convenía resignar su sueldo por 3.500 pesos. Sin embargo, no hay forma de garantizar que eso sucederá en el corto plazo. Las fuentes adelantaron que para acercar esa posibilidad, uno de los artículos de la ley invitará a los jueces a que se retiren ya. Se trata de una sutil sugerencia, ya que es abundante la jurisprudencia que dice que no pueden ser obligados a dejar sus cargos mientras dure su buena conducta.
Si se cumple el objetivo, habrá una cantidad inédita de vacantes en el Poder Judicial. Los jueces que cumplen los requisitos para irse son unos 25 -contando a cuatro de los cinco que integran la Corte de Justicia- y hay más de 100 funcionarios judiciales -secretarios y prosecretarios- de distintos niveles y fueros que también podrían acceder al régimen del 82 por ciento.
En el Ejecutivo están concentrados ahora en la redacción del decreto reglamentario de la ley. Ese instrumento fijará el proceso administrativo para que los jueces y funcionarios que se quieren jubilar hagan los trámites.
Las fuentes adelantaron que desde sancionada la ley, tendrán 90 días para acceder al régimen y otros 90 días más para presentar las declaraciones juradas, que serán la base para que la AFIP determine la diferencia de aportes en cada caso.
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